Quedan retos para erradicar la discriminación a la comunidad LGBTTI

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2016.- La homofobia y la transfobia tienen consecuencias negativas para la sana convivencia social; por lo que una nación democrática no puede ni debe permitir la negación de derechos por preferencia e identidad sexual, determinó Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con un comunicado, al moderar la mesa “Discriminación, homofobia y transfobia en México”, del seminario “Matrimonio igualitario”, abundó en que México registra aún preocupantes niveles de discriminación por origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

La lucha contra la homofobia y la transfobia ha tenido algunos avances importantes en los años recientes, ya que actualmente 29 entidades federativas cuentan con legislaciones que prohíben expresamente la discriminación por preferencia sexual, detalló.

Aunque, determinó, todavía quedan muchos retos para erradicar este tipo de discriminación, pues es común que la comunidad conformada por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI) en el ámbito privado se enfrente al desprecio y el odio de algunos segmentos de la población.

En su intervención, Braulio Peralta, escritor y activista, leyó un documento titulado “Senadores, respeto a la Ley”, donde pidió a los legisladores: “no se conviertan en cómplices del odio, de la muerte de seres humanos a causa, quién lo dijera, sólo de su preferencia sexual, de suicidios y transfeminicidios”.

Señaló que las personas con preferencias sexuales diferentes viven con discriminación y burlas en los medios de comunicación, todo ello con desprecio a la Ley Suprema del país, de la que emanan las demás, y ello rompe el orden social y legal.

Fabrizzio Guerrero Mc Manus, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que en el caso de las personas trans, muchas veces el Estado no las apoya a una transición acompañada, cuando deciden realizarla; y por otra parte consideró se debe visibilizar el transfeminicidio, motivado por la discriminación y odio.

Refirió que se necesita capacitar a una serie de servidores públicos en muchos espacios, para problemas de salud específicos, por ejemplo: la necesidad de que tengan acceso a ginecólogos para hombres trans, porque la falta de ellos hace que la institución médica sea excluyente y violenta ante los cuerpos de las personas trans.

Por su parte, Julia Suárez Cabrera, directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que la iniciativa del Ejecutivo no solamente permitía contraer matrimonio, sino que estaba encaminada a permitir el matrimonio sin discriminación alguna.

Explicó que mientras no se logre desmontar el orden social que ha sido construido desde un binarismo de género excluyente, será difícil entender e impulsar iniciativas como la que proponía el matrimonio igualitario.

Durante la cuarta y última mesa “Estado Laico y Educación Sexual”, especialistas coincidieron en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe avanzar en la educación sexual, por encima de las presiones de las asociaciones de padres de familia, pues esta es una medida efectiva para contrarrestar la concentración de embarazos en adolescentes en situación de pobreza.

Carlos Echarri, experto del Colegio de México, apuntó que la frecuencia de los embarazos en adolescentes en situación de pobreza es tres veces mayor que entre quienes cuentan con mayores recursos, lo que genera mayor marginación entre la población, de ahí la importancia de que el Estado deba intervenir.

Aunque las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA) emitieron una declaración ministerial de educación sexual en 2012, no hay avances importantes; porque nunca se emprendió una armonización a nivel nacional y tampoco se emitió una campaña de medios de comunicación, acotó.

La SEP registra un avance del 42 por ciento en educación sexual, con significativas deficiencias al no incluir temas como violencia y diversidad; en tanto que la SSA alcanza un progreso de 82 por ciento, con programas destinados a jóvenes sobre información de salud sexual y reproductiva, consejería sobre VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Eréndira Niño Calixto, especialista de la UNAM, coincidió en lo anterior y subrayó que la sexualidad tiene importantes implicaciones sociales y económicas, pues la falta de conocimiento sobre temas reproductivos y uso de condón es una de las causas principales por las que se registra mayor número de embarazos en adolescentes e incluso en mujeres maduras en pobreza.

Además, tiene implicación en materia de derechos humanos, en particular en cuanto al derecho del uso de espacios, incluso del propio cuerpo, lo cual representa además una responsabilidad del ejercicio sexual, de ahí la importancia de proporcionar información científica a los jóvenes.

Ricardo Baruch, activista de la organización Espolea A.C. y servidor público del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que en las escuelas se registra 40 por ciento de actos de discriminación e incluso odio contra las personas de la comunidad LGBTI. También en los servicios médicos, en especial cuando se trata de atender a transexuales, pues difícilmente un doctor asimila que ve a una mujer, cuyo carnet tiene nombre de hombre, o viceversa.

El bullying homofóbico en las escuelas, enfatizó, es muy delicado, pues es muy difícil para los jóvenes explicar a los padres que las agresiones son por causa de su comportamiento u orientación sexual.

A esto se suma que hay muchos prejuicios entre los profesores, e incluso ellos permiten que se perpetúen estas prácticas de violencia, y llegan a considerarlas hasta cierto punto como “normales” en el desarrollo de los adolescentes.

Esto deriva en que 82 por ciento de los padres no se enteren de que sus hijos fueron sometidos a bullying homofóbico, y esto a su vez es causa del aumento de trastornos mentales, como depresión e incluso suicidios entre adolescentes.

La catedrática de la Universidad Iberoamericana, Elvia González Pliego Dorantes, fungió como moderadora en esta mesa.