Necesario contar con presupuesto público con perspectiva de derechos
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2016.- Ante el escenario económico global complejo que enfrenta México, el cual impone retos para los mercados nacionales e implica reducciones inminentes al gasto del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a reconocer la importancia y urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos, que cuente con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal.
Con base a información en un comunicado, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó lo anterior al participar en la ceremonia inaugural del “Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos”, organizado por la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, donde se pronunció porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, las poblaciones desplazadas y los adultos mayores, entre otros.
Enfatizó que, de acuerdo con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, los ajustes económicos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos, sino que llevados cuidadosamente y sobre las bases adecuadas pueden crear condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
“Y si bien, en México se han realizado esfuerzos por incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación de los presupuestos públicos, a la fecha no existe un ejercicio de análisis que identifique, a partir de la experiencia nacional, las áreas a través de las que el presupuesto público federal pueda mejorar la protección de los derechos humanos”, enfatizó.
Acompañado en el presídium, entre otros, por Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM; Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; Rolando Cordera Campos, Coordinador del PUED; José Manuel Aspiroz Bravo, Director General de Cohesión e Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social, y Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del PUED, González Pérez enfatizó que los derechos humanos de carácter económico, social, cultural y ambiental requieren para su satisfacción progresiva la aplicación de recursos económicos.
“Es insoslayable –puntualizó— que el cumplimiento de los deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos se encuentra directamente vinculado con los recursos económicos del país y la manera en cómo éstos se programan, distribuyen, ejercen y evalúan. Es el caso, por ejemplo, del acceso a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua potable y al saneamiento, a la atención de la salud, a la educación y al disfrute de un medio ambiente sano”.
Y explicó que no es realizable el derecho a la salud sin un sistema de protección que cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios hospitalarios; o bien, resultaría complicado asegurar el goce del derecho a la vivienda digna o el acceso al agua potable y al saneamiento, sin la infraestructura y los recursos apropiados.
Al dirigirse a los académicos, expertos de organismos internacionales y tomadores de decisiones que participan en este Seminario, reunidos en el auditorio “Maestro Jesús Silva Herzog”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, el Presidente de la CNDH detalló que dicha problemática se refleja claramente en las estadísticas, como es el caso del aumento del número de personas en situación de pobreza que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2012 y 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones, lo cual significa que la mitad de la población en el país enfrenta alguna carencia en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación, e incluso es desfavorecida por el rezago educativo.
Luis Raúl González Pérez recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), del que México es parte, señala que los países deben demostrar el avance progresivo, cuantitativo y cualitativo de cumplimiento a los derechos humanos, considerando que su realización representa un ejercicio constante del uso eficiente de los recursos financieros y humanos.
El Ombudsman Nacional hizo referencia al convenio firmado en junio pasado entre el Organismo Nacional y la UNAM, para realizar un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal, que será enriquecido con las reflexiones que se generen en este Seminario.
Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, destacó que hay muchos problemas sociales acumulados que se han agravado a lo largo de los años por los recortes presupuestales en sectores clave como es la salud y la educación.
Subrayó la necesidad de pensar en el gran desperdicio del bono demográfico, en términos de capital humano que implicaría no llevar a cabo las inversiones que se requieren en educación. Mientras en materia de salud, nos enfrentamos a una problemática que se irá agravando en la medida que el bono demográfico vaya desapareciendo y comencemos a transitar a un país donde habrá cada vez más adultos mayores que requerirán de más servicios de salud a mayor costo.
Tan solo estas dos perspectivas –dijo- nos deberían de llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene el tema del presupuesto, los derechos humanos y la necesidad de contar con un presupuesto diseñado desde una perspectiva de derechos humanos, que ponga como el componente central del mismo la aspiración de que los derechos fundamentales que ya forman parte de nuestro marco normativo sean realmente garantizados por el Estado.
Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que se ha avanzado en la concepción de los derechos humanos, en la constitución y consolidación de las instituciones encargadas, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, para que todas las acciones, los presupuestos y los programas de las distintas autoridades de todas las esferas de gobierno tengan un contenido de derechos humanos.
Detalló que el problema de nuestro país, es la manera en cómo se atienden los problemas de derechos humanos o las situaciones relacionadas con los mismos. Una lucha personal en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –agregó-, es que nos permitan opinar sobre todo el PEF, pues se manifiesta exclusivamente sobre el presupuesto de la CNDH, aunque se requiere una opinión transversal.
Luna Canales reiteró su compromiso de seguir trabajando para que la CNDH encuentre en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, un fuerte aliado para sus labores diarias, pero sobretodo, en esta época del año en la que se define el PEF 2017.
Rolando Cordera Campos, Coordinador del PUED, precisó que gracias a la CNDH hoy contamos con un interesante dictamen sobre el salario mínimo desde el mirador de los derechos humanos, por lo que vale la pena probar fuerzas y disposiciones cooperativas entre el PUED y el Organismo Nacional, para abordar el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, y cuestionar si quienes elaboran, discuten, aprueban y ejercen el gasto público tienen en mente el cambio constitucional del 2011.
Quizás –dijo- podríamos encontrar por ahí una de las mejores rutas para llevar a buen término una Reforma del Estado que esté a la altura de los cambios políticos, económicos y sociales que nuestro país ha registrado en los últimos 30 años.
En el acto también estuvieron presentes Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General, y Manuel Martínez Beltrán, Oficial Mayor de la CNDH.
