Hay ambigüedad en proyecto de ley regulatoria de manifestaciones
MORELIA, Mich., 3 de octubre de 2016.- La represión de una manifestación, por más ordenada que pueda ser, es una posibilidad que abre la iniciativa de Ley que Regula el Derecho a la Libre Manifestación Política Pública advirtió el doctor en Ciencias Políticas y Administración, Eduardo Nava Hernández.
El académico señaló que lo más polémico de la iniciativa presentada por la diputada Macarena Chávez Flores, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es que una manifestación no pueda rebasar el 50 por ciento de una vialidad o de una plaza pública, que pasarían a ser medio públicas.
“Y serán las fuerzas policiacas las tengan el control de esos espacios y si se rebasan intervendrán con ese argumento, por más ordenadas que sean las marchas multitudinarias como las que se realizan en Michoacán”.
Indicó que la iniciativa es ambigua en su aplicación porque, por ejemplo, la procesión del silencio que se vende como un producto turístico es una manifestación de fe y también sería sujeto de la ley, por lo que también tendría que realizarse solo por la mitad de la avenida Madero.
El investigador nicolaita criticó que se intente insertar en esa iniciativa la penalización de las injurias o insultos, cuando ya hay tesis jurisdiccional de que no deben constituir delito porque las mentadas de madre, como se dice popularmente, no dañan a la autoridad.
Calificó como una paradoja que los comerciantes se manifiesten pidiendo una ley porque resultan afectados por las movilizaciones aunque los cafés y restaurantes nunca están vacíos, al contrario, son rebasados cuando hay manifestaciones.
Se contradice inclusive al gobernador Silvano Aureoles Conejo que en su primer informe de gobierno afirmó que el turismo ha crecido, por lo que habría que revisar hasta donde se afectan los derechos de terceros y si efectivamente hay razón para aplicar restricciones a los manifestantes.
Nava Hernández indicó que la propuesta panista tiene un elemento positivo que es la asignación de obligaciones a la autoridad para que escuche y atienden las causas de la inconformidad, siempre se les avise 48 horas antes de movilizarse.
