Van contra el trabajo informal en el estado
MORELIA, Mich., 24 de julio del 2013.- La Delegación del Trabajo y Previsión Social trabajará a fondo en la implementación del Programa de Formalización del Empleo para abatir la informalidad laboral en Michoacán. Se prevé que de agosto a diciembre del presente año se formalicen alrededor de 10 mil empleos, hoy en la informalidad en la entidad.
Lo anterior fue anunciado por la titular de la Delegación del Trabajo y Previsión Social, Rocío Santos de la Cruz, y dijo que en breve se reunirá con los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Cano Ochoa y Román Acosta Rosales, respectivamente, para afinar detalles sobre la aplicación de dicho programa, anunciado el pasado lunes por el presidente Enrique Peña Nieto. Manifestó que a esa reunión se invitará a los delegados del SAT y del INEGI.
Expresó que en Michoacán se requiere hacer un equipo de trabajo, en el que estén integrados los sectores públicos y privados, que tenga como objetivo abatir las adversidades que hoy nos aquejan.
“Hay que demostrar que por encima de las adversidades está nuestro interés por superar los retos que nos impone la actualidad”, dijo Santos de la Cruz, y señaló que tiene instrucciones precisas del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, para trabajar en estrecha coordinación con los tres órdenes del gobierno y la clase empresarial en el abatimiento del trabajo informal en Michoacán.
La funcionaria federal quien, desde su arribo en abril del presente año a esa dependencia gubernamental, ya ha recorrido alrededor de 40 municipios, en donde se ha reunido con empresarios y organizaciones sociales, dijo que la clase empresarial ha manifestado su interés por seguir invirtiendo en tierras michoacanas.
Por otro lado, la profesionistas anunció que el próximo 2 de agosto se firmará con el gobernador Jesús Reyna García el convenio de la Red de Vinculación Laboral, que permitirá dotar de herramientas a personas en situación de vulnerabilidad -como adultos mayores, personas con VIH- Sida, discapacitadas y mujeres embarazadas-, para que puedan tener acceso a un trabajo digno y bien remunerado.