Solicita la CNDH medidas cautelares en la caravana migrante
MÉXICO, DF., 14 de abril de 2015.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec, Oaxaca, que adopten medidas cautelares para proteger y preservar los derechos humanos de las personas que participan en la caravana migrante, así como de defensores y activistas, como consecuencia de la queja que se presentó ante este Organismo nacional en días pasados .
Lo anterior busca que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes participan en la caravana, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración y atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En particular, se ha solicitado que se adopten las medidas necesarias para respetar y preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que participan, dada la mayor vulnerabilidad que presentan a la afectación de sus derechos y la gravedad de las consecuencias que tales actos pueden representar para los mismos.
Entrevistado al término de su participación en el Seminario “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, organizado por el Senado de la República, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que este Organismo nacional estará atento, como ha ocurrido desde el pasado 25 de marzo, a que se respeten los derechos humanos de una población que enfrenta diversas vejaciones y condiciones difíciles en nuestro país.
En tal sentido, reiteró la necesidad e importancia de visibilizar la problemática de los migrantes en México e hizo un llamado a las autoridades migratorias para que se entienda el contexto adverso del fenómeno migratorio y se emprendan acciones para la atención del mismo. La protección de la población migrante constituye una obligación de un Estado democrático de derecho que demanda el respeto total a la dignidad de toda persona, con independencia de su condición o estatus migratorio.