Siguen violaciones contra reclusos con discapacidad psicosocial: CNDH
MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2016.- La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros penitenciarios del país.
Según un comunicado de prensa, en el documento, remitido a la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara para conocimiento y publicado en la Gaceta Parlamentaria, la CNDH reconoce que en el Sistema Penitenciario Nacional prevalece una persistente violación del derecho a la protección de la salud de esa población.
Asegura que no existen políticas públicas enfocadas a la prevención, identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno, con calidad y calidez, para estos internos que, en virtud de su especial condición de vulnerabilidad, reconocida en la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, “hace evidente que los centros de reclusión penitenciaria no son las instancias adecuadas para proteger y garantizar el respeto a sus derechos”.
En su informe, la CNDH plantea adoptar medidas para que las personas que requieran atención especial por alguna discapacidad psicosocial, sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico, para que sean atendidas por un médico psiquiatra.
Solicita que el sector salud, en concordancia con los artículos 1 y 4 constitucionales, tome las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentren en centros penitenciarios, a ser internadas en instituciones especializadas, para que les brinden los cuidados indispensables, con base en las normas y estándares nacionales e internacionales aplicables.
También, se requiere contar con infraestructura para proporcionar la mejor atención y estancia a esta población, es decir, construir o habilitar unidades especiales, previéndose anualmente las partidas presupuestales para tal fin.
Igualmente, armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales que prevén un cuidado específico en unidades de segundo y tercer nivel de atención mental del sector salud.
De la misma manera, instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables, dependiente de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y sus homólogos a nivel estatal, a fin de que se puedan generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas procedentes.
La CNDH puntualizó que, a octubre de 2015, el Sistema Penitenciario Nacional registró 4 mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros de readaptación del país, de los cuales mil 54 fueron declarados inimputables y 3 mil 422 con discapacidad psicosocial.
