Se cumple un año de las primeras pensiones a víctimas de terrorismo
MORELIA, Mich., 29 de abril de 2011.- Hace justamente un año, el 29 de abril de 2010, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el primer paquete de pensiones vitalicias y temporales para personas que resultaron afectadas por los atentados terroristas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia.En aquella ocasión, el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 71 Legislatura, a propuesta de la Comisión Especial encargada de valorar las 19 solicitudes de apoyo con pensiones que recibieron originalmente del Ejecutivo estatal, determinó la procedencia de brindar apoyo formal a cuatro personas con pensiones vitalicias y a otras 18 personas con pensiones temporales.Los diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Antonio Cruz Lucatero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Wilfrido Lázaro Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Carlos Quintana Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron en señalar en aquél momento que tenían conocimiento de la llegada de nuevas solicitudes, por lo que estarían atentos al análisis que haga la Comisión Especial.Este primer paquete de pensiones tardó más de año y medio en autorizarse, debido a que la Constitución Política de Michoacán no las contemplaba, motivo por el que fue necesaria una reforma constitucional y la creación de una Ley Reglamentaria de la Fracción XVII Bis del Artículo 44 de la Constitución local para estar en posibilidad de analizar y aprobar los apoyos.Desde entonces, han sido más de 40 las pensiones que se han autorizado por parte del Congreso del Estado, mientras que existen alrededor de 7 más que se encuentran en proceso de estudio en la Comisión Especial encargada de valorarlas, que es presidida por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Campos Ponce.Sin embargo, desde finales del año pasado la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión Especial trabajan en una iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria con la intención de transferir al Poder Ejecutivo estatal la facultad de valorar las solicitudes que se presenten, ya que el Poder Legislativo no cuenta con las instancias y el personal necesario para hacerlo.En el mismo proyecto de reforma también se plantea la necesidad de excluir de los beneficios de la citada Ley Reglamentaria a las personas afectadas por desastres naturales, ya que apoyarlos con pensiones temporales o vitalicias podría derivar en una carga insostenible para la administración pública estatal y existen otros programas de los tres niveles de gobierno enfocados a la atención de este tipo de problemas.