Pese a aumento de presupuesto, no hay avances en seguridad
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2014.- El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) señaló que a pesar de que en los últimos 13 años el presupuesto para seguridad se ha incrementado 334 por ciento, no hay avance en los resultados del sector.
Según un comunicado, por ello, planteó reformar el artículo 69 de la Constitución Política para que la Cámara de Senadores pueda evaluar e influir en la orientación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a fin de instaurar un sistema de contrapesos, además de fomentar el control y fiscalización de las acciones de gobierno.
A través de una iniciativa, el legislador, integrante del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, explicó que el aumento en el gasto público para seguridad se debió en gran medida a que se quintuplicó el número de policías federales en el último sexenio, al pasar de 6 mil 489 en 2006 a 36 mil 940 al finalizar 2012.
Sin embargo, agregó, entre enero de 2007 y septiembre de 2012 los homicidios dolosos aumentaron 35 por ciento respecto al sexenio anterior, según la organización civil “México Evalúa” con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Subrayó que en este periodo tampoco mejoró la confianza en las instituciones de seguridad ni en la percepción de ésta entre la gente, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (Envipe).
El legislador mencionó que el año pasado el procurador General de la República reconoció la existencia de aproximadamente 80 cárteles dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales no sólo se mantienen en dicha actividad, sino que han diversificado sus operaciones e incursionado en el secuestro, extorsión, cobro por derecho de piso, contrabando y otros delitos.
En cuanto el consumo de drogas ilegales en México, se duplicó en la década pasada, al pasar de 0.8 a 1.5 por ciento entre personas de 12 a 65 años de edad, aunque entre los hombres la prevalencia es de 2.6 por ciento a escala nacional, y en las zonas urbanas de 2.9, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011).
Por ello, consideró que al sujetar la estrategia a la obligatoria evaluación y aprobación por parte del Senado, permitiría garantizar una organización y desarrollo eficaces y mejoraría sustantivamente el desempeño de las instituciones de seguridad.
Además, aseguraría la eficiencia y transparencia de las acciones en materia de seguridad; permitiría establecer acuerdos, plazos y lineamientos a cumplir por los actores involucrados, y ayudaría al cumplimiento de objetivos estratégicos no sólo inmediatos sino de mediano y largo plazo.
El diputado enfatizó que es urgente contar con un nuevo modelo de combate a la inseguridad, por lo que hacer que el Senado pueda evaluar y ajustar las acciones emprendidas por el gobierno federal, “abonaría a que exista una verdadera rendición de cuentas, y a evitar que se den resultados desastrosos”.
