Pide Michoacán rediseñar operación del Promaf
MORELIA, Mich., 25 de julio de 2013.- En el foro “Análisis sobre alcances y perspectivas del componente de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol- Promaf”, diputados, funcionarios y campesinos se manifestaron por rediseñar las reglas de operación de este programa, toda vez que existen sobrerregulación y malos manejos de los recursos.
El secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Noé Barrueta Barón (PRI), hizo votos para que en el presupuesto 2014 el gobierno federal destine mayores recursos a los productores de maíz y frijol, ya que los apoyos son insuficientes y “no les están llegando”.
Denunció que hay quejas sobre vicios y mal manejo de los programas, por lo que este foro permite hacer un análisis del funcionamiento del PROMAF y de sus reglas de operación, dado que es el proyecto de mayor incidencia para los productores de maíz y frijol.
Informó que se hará llegar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un documento donde se plantean las inquietudes de los productores para tener un mayor acceso a los recursos y así mejorar el marco normativo del programa.
Barrueta Barón refirió que para 2013, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C (INCA rural) ya autorizó cinco millones de pesos (mdp) para el PROMAF, por lo que se iniciará la capacitación en próxima fecha.
Resaltó que a través del PROMAF en la vertiente de baja escala de autoconsumo, apoyo para insumos y transición, se han tramitado alrededor de 80 mil hectáreas en cinco estados del país, lo que representa un aproximado de 172 millones de pesos.
El director general de Fomento Agrícola de la Sagarpa, Jorge Condo López, resaltó que desde 2007 a la fecha los recursos del PROMAF se han reducido, pues inició con 3 mil millones de pesos (mdp) y en 2013 alcanzan solamente 770 mdp.
Ante ello, pidió a la Cámara de Diputados que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2014 “decida si aumenta el monto del PROMAF o lo sigue reduciendo”.
Se manifestó por focalizar los apoyos para los productores de maíz, ya que se prevé importar 25 millones de toneladas, lo que representa el 45 por ciento de lo que se consume; “de no apuntalar su cosecha, en 30 años se importará entre el 85 y 90 por ciento de lo que comemos a pesar de tener potencial en el sureste del país”.
Reconoció que hay sobrerregulación, burocratismo y complejidad en la aplicación del PROMAF, por lo que se pronunció para que el Legislativo y la Sagarpa encuentren opciones que lo rediseñen y simplifiquen sus reglas de operación.
En México, dijo, la nueva lucha campesina está orientada al acceso más fácil de los recursos, dado que el 75 por ciento de los campesinos registrados en el programa más importante del gobierno federal –Procampo- tienen menos de cinco hectáreas.
Del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, el investigador Francisco López Bárcenas destacó que el PROMAF contribuye a la seguridad alimentaria y fortalece la competitividad de los productores.
Añadió que constitucionalmente se debe fortalecer la soberanía de la nación y garantizar la seguridad alimentaria. “El PROMAF no es cualquier programa porque beneficia a la población, dado que en México muchas personas no pueden acceder a los alimentos”.
En tanto, productores del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas solicitaron a diputados y funcionarios rediseñar las reglas de operación del PROMAF, ya que los apoyos “no llegan a tiempo, benefician a unos cuantos y, en ocasiones, hay desvíos”.
Denunciaron que Financiera Rural obstaculiza la entrega de los recursos por una sobrerregulación de las reglas de operación, por lo que es necesario mejorar la fiscalización de los apoyos y emprender una política pública que genere mejores condiciones para los campesinos de baja escala, es decir, de una a cinco hectáreas.
Plantearon que la agricultura pase de la subsistencia a la rentabilidad y pidieron analizar la situación de los agroquímicos, ya que desde hace más de dos años no se actualizan, cuando países como Estados Unidos y Canadá ya prohíben algunas sustancias.
