No llegó Mirella Guzmán a reunión con diputados
MORELIA, Mich., 7 de diciembre de 2011.- No llegó la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, Mirella Guzmán Rosas, a la reunión que esta mañana se realiza a puerta cerrada con diputados de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. En su representación, la funcionaria estatal envió a la subsecretaria de Finanzas, Guadalupe Maciel, quien en estos momentos en un salón privado de un conocido hotel del Centro Histórico de Morelia expone ante los representantes populares la situación de las finanzas estatales, en cumplimiento con la encomienda que se le encargó. Cabe aclarar que en un primer momento uno de los legisladores presentes en el encuentro, quien pidió el anonimato, confirmó vía telefónica la presencia de Mirella Guzmán, sin embargo, minutos después fue desmentido por otro de los diputados locales que acudieron a la reunión, lo que posteriormente fue corroborado. Todo esto ocurre, en el marco de la discusión sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, enviada por el gobernador Leonel Godoy Rangel al Legislativo, la cual de aprobarse permitiría al gobierno estatal solicitar nueva deuda pública de corto plazo en los últimos seis meses de la administración y sin necesidad de contar con el aval del Congreso del Estado. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respalda la solicitud del mandatario estatal, para atender una serie de obligaciones pendientes, como son sueldos y aguinaldos de los trabajadores estatales, así como deudas con acreedores y contratistas, sin embargo, en los últimos días ha dosificado su intención y ha propuesto que se reduzca del 5 al 3 por ciento del presupuesto anual, la cantidad de créditos que se pudiera contratar. Por su parte, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza, han manifestado su rechazo a la iniciativa de Leonel Godoy y además de exigir información puntual sobre las finanzas estatales y los pasivos circulantes del Poder Ejecutivo, plantean la posibilidad de autorizar la contratación de un empréstito emergente hasta por 1 mil 500 millones de pesos, pero administrados a través de un fideicomiso, para que el dinero no sea tocado por las autoridades estatales.
