No hay focos amarillos en el campo, todos son rojos

MORELIA, Mich., 23 de julio de 2014.- La reforma de gran calado al campo se construye con la participación de todos, para hacerla realidad con el consenso de las diferentes fuerza políticas, afirmó el diputado José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

A su vez, el presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), diputado Marco Antonio González Valdez (PRI), sostuvo que en “los temas del campo ya no hay focos amarillos, son puros focos rojos.

En el marco de los Foros para la Transformación y la Modernización del Campo, organizados por el Centro de Estudios con el tema “Extensionismo, Capacitación e Investigación”, Rojo García de Alba aseguró que se requiere un nuevo marco jurídico para el agro.

“No por la intención política de hacerlo, sino porque en el 2025, de acuerdo con informes de la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), el país sería el primer importador de sorgo y segundo en carne de cerdo y pollo”.

“Está muy claro que no podemos seguir como estamos, porque la realidad nos alcanzó. Los programas y el diseño de las políticas públicas no funcionan y no son acordes a las necesidades que tenemos”, resaltó.

Apuntó que la particularidad de la reforma del campo que se construye, a diferencia de las otras, es que no hay un documento rector que el gobierno de la Republica haya enviado a los legisladores para discutir, o que esté impuesto un criterio en función del pensamiento de alguien sobre cómo debe ser.

La propuesta concentrará las opiniones de los que saben del tema, hay talento en el campo, y ayudarán a definir la reforma, en donde el CEDRSSA es el eje de la discusión. Es lo más inteligente que puede hacerse, precisó.

Por su parte, el presidente del Comité del CEDRSSA sostuvo que otro foco rojo en la agenda del campo es el extensionismo.

Comentó que los foros enriquecen el debate y coadyuvan a armar una reforma entre todos, porque de tener un sector agropecuario pujante a finales de los 80s, “ahora deja mucho qué desear y qué hacer”.

Al participar, el doctor Jorge Galo Medina Torres, director general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, de la Sagarpa, afirmó que México enfrenta el reto de ofrecer asistencia técnica a 4 millones de productores agropecuarios, ya que el 97 por ciento carece de dicho apoyo, sobre todo porque la agricultura familiar es clave para lograr la autosuficiencia alimentaria.

Propuso “un extensionismo holístico público” con el desarrollo rural, que dignifique al productor y considere su visión integral para transformar las unidades agropecuarias y forestales, mediante un trabajo conjunto con los técnicos.

Explicó que entre el 70 y 75 por ciento de las actividades del agro nacional son unidades familiares con menos de 5 hectáreas, que requieren apoyo inmediato para superar el rezago y hacerlos rentables. Precisó que sólo 3 de cada 100 productores reciben asistencia técnica.

Advirtió que después de los años y de los recursos invertidos se olvidó que en el campo hay mujeres y hombres con otra cultura. Apuntó que el desarrollo del agro no es de corto plazo y debe prevalecer el factor humano sobre el económico.

La meta para el 2018 es lograr una cobertura técnica del 50 por ciento de los productores para convertir al campo en una unidad productiva sostenida, estimó.

Destacó la urgencia de transversalidad, coordinación institucional, orientación innovadora y productiva, y una política nacional de extensión agroalimentaria pública.

Por su parte, el doctor César Turrent Fernández, director general de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró que México tiene una cuenta pendiente con el campo, por lo que propuso elevar a rango constitucional el derecho a un extensionismo público e integral para campesinos e indígenas, y garantizarles el acceso a la tecnología y capacitación.

Señaló la necesidad de un nuevo marco jurídico a través de una Ley General de Extensionismo Rural Público, que derive en la creación de un Instituto Nacional de Extensionismo descentralizado y autónomo.

Además, consideró indispensable una política pública específica con un enfoque territorial que acerque la tecnología a los productores del agro, de acuerdo a las características específicas de cada región y comunidades, ya que no se cumple con el mandato constitucional de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional.

En su ponencia, Raúl Escárcega Preciado, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS), mencionó que existe desvinculación de las instituciones de educación agrícola con el sector productivo; frente a esto, dijo, es necesario que se creen estrategias para que haya un extensionismo rural.

Propuso más y mejor inversión en infraestructura básica y especializada, y destacó como necesaria la creación de un modelo de extensionismo rural con un pensamiento incluyente y promover un modelo de vinculación triple hélice, es decir, con el trabajo coordinado de instituciones educativas, gubernamentales y sector productivo, en pro de las cadenas agroalimentarias.

Al mismo tiempo, promover con el apoyo financiero del gobierno federal a las instituciones de educación superior y al sector productivo agropecuario para democratizarlo, agregó.

En su turno, Juan José Martínez Ríos, director general de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez de Estado de Durango (FAZ-UJED), propuso capacitación para enfrentar la falta de agua en muchas zonas de México. La agricultura, dijo, será el área más afectada por el cambio climático.

También planteó la creación de un Programa Nacional de Riego por Gravedad y la necesidad de acciones que estimulen el ahorro del líquido como una medida proactiva; incorporar técnicos a unidades de riego para usar eficientemente el agua; capacitar técnicos en la optimización de recursos, y dar seguimiento anual para evaluar los resultados.

Asimismo, exhortó a universidades para que sean responsables de la capacitación y extensionismo rural y crear consejos de ciencia y tecnología, así como realizar convocatorias para mejorar constantemente.

En tanto, Sergio Reyes Osorio, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), resaltó que la agricultura fue capaz de alimentar y hacer autosuficiente al país, pero había una prioridad elemental y el apoyo se manifestaba.

México era un ejemplo de cómo manejar la agricultura, ahora depende en 45 por ciento de importaciones. Debe buscarse producir nuestros propios alimentos, exigió.

Expresó que la globalización y la apertura de mercados afectaron al sector agrícola nacional, ya que es totalmente inequitativo para el campo. Entre sus propuestas destacó la creación de esquemas que centren la atención a la pequeña agricultura y reponer aquellas instituciones públicas que ayudaban al sector campesino como Conasupo, Pronase, Fertimex, entre otras.

Al participar Mauricio Lastra Escudero, presidente de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), planteó que un reto para el sector agropecuario es generar políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y que vaya al ritmo de la demanda actual de la población, así como la creación de un adecuado programa nacional de extensionismo y políticas públicas.

Señaló la necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos primarios vegetales ya que son utilizados para otros fines, como elaboración de combustibles, biomasa, proteína animal, entre otros, y consideró insuficientes los esfuerzos en materia de extensionismo rural, en especial en lo que se refiere a la demanda de capacitación y educación formal.

Destacó que no existe un programa real de extensionismo rural, sino duplicidad de funciones y competencia de actividades institucionales, una atención parcial al problema y un esfuerzo enfocado sólo en temas de capacitación. Propuso que la sociedad participe en sistemas de capacitación y de extensión y que se aprueben presupuestos multianuales para impulsar programas agrarios.

Enseguida, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Pedro Brajcich Gallegos, indicó que se debe crear un nuevo extensionismo que reduzca la brecha tecnológica a través de la formación de capital humano con soporte y vinculación entre los actores relevantes del sector.

Así también, implementar innovaciones tecnológicas con programas de mediano y largo plazo y buscar que los modelos de extensión generen cambios en el conocimiento de los productores que incidan en un cambio de actitud a largo plazo, enfatizó.

Agregó que México importa 30-35 por ciento de alimentos y el 45 por ciento de su población está en pobreza, hay sobre explotación de recursos naturales, pulverización de la tierra y rezago de pequeños productores, lo que afecta el desarrollo económico. Consideró necesario un presupuesto multianual que no trunque los objetivos año con año, ni sexenio tras sexenio, sino que mejore la situación de los campesinos y resulte en un servicio de extensionismo rural que impacte en el agro y en la sociedad.

A su vez, el director del Colegio de Postgraduados, Jesús Moncada de la Fuente, señaló que hay prisa por una reforma del campo. Se pronunció por la aprobación de presupuestos multianuales, apoyar al Sistema Nacional de Investigadores y crear, simultáneamente, el sistema nacional de innovadores, así como empatar el proceso administrativo con el de investigación y los procesos biológicos, sin perder transparencia ni dejar de rendir cuentas.

Planteó la importancia de capacitar a productores “pero también a los funcionarios para tener mejores servidores públicos, mejores profesores y una mejor sociedad. Estamos convencidos de que educación innovación, organización y desarrollo participativo son nuestra mejor inversión como país y como sociedad, pero al mismo tiempo es nuestro principal reto; necesitamos enseñarnos a trabajar juntos”.

En su oportunidad, Porfirio Galindo Aguiar, presidente del consejo directivo de la Organización Nacional de Apicultores, señaló que 42 mil familias se dedican a esta actividad, en total 210 mil personas, y el valor de la producción en divisas representa un ingreso de 112 millones de dólares, el resto se queda en México para consumo.

Reveló que debido a que la miel no es considerada como un producto básico estratégico, no es prioritaria en cuestiones presupuestales. Propuso crear un plan nacional de desarrollo apícola y reconocer esta actividad como un elemento de desarrollo rural; incrementar el número de colmenas y fomentar el consumo de sus productos, crear la carrera de técnico apícola en los centros de bachillerato tecnológico agropecuario y buscar apoyos en extensionismo.

Indicó que esta actividad tiene una rentabilidad del 37 por ciento; “actualmente tenemos una media de 31 kilos, pero podemos llegar hasta 80 kilos de miel por colmena en el sureste” y México tiene condiciones para crecer anualmente 185 mil colmenas al año.