No descarta Ejecutivo vetar Ley de Planeación Hacendaria

MORELIA, Mich., 2 de enero de 2013.- El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, no descartó la posibilidad de vetar la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, misma que aseguró se encuentra en análisis minucioso por parte del Ejecutivo para evitar lagunas y garantizar su aplicación, en caso de que se haga la publicación.

En entrevista, el funcionario estatal consideró la necesidad de aclarar ante los medios de comunicación, el supuesto acuerdo del que hablaron los legisladores sobre la publicación de dicho marco jurídico, a la par, de la aprobación al presupuesto de egresos para el 2014.

A pregunta expresa, sobre la existencia del acuerdo entre diputados de las Comisiones Unidas del Congreso con el Ejecutivo para publicar la nueva Ley, el secretario de Gobierno señaló que prefiere convocar a los representantes de los medios de comunicación en un día próximo, en el que se hable de manera precisa sobre el tema.

Mientras tanto, confirmó que hasta el momento el gobierno del estado, no tiene fecha para que el ordenamiento jurídico entre en vigor a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, aunque aclaró que aún no concluye el periodo legal para llevar a cabo tal acción.

Cabe señalar, que los diputados de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, así como la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública detuvieron, en su momento, la discusión del Paquete Fiscal del 2014 y lo aprobaron horas antes de que concluyera el plazo constitucional, para esperar que el Ejecutivo ordenara la publicación de dicho marco jurídico.

Sin embargo, debido a que el gobierno del estado no procedió como se esperaba, los legisladores decidieron incluir un artículo transitorio en el que se establece la entrada en vigor de la Ley de manera simultánea a su publicación, con la finalidad de que los recursos públicos del presente año, se ajusten a los nuevos lineamientos del ordenamiento jurídico, mismos que limitan la transferencia de más del 10 por ciento de las partidas presupuestales asignadas a las dependencias y prohíbe destinar recursos del gasto social hacia gasto corriente, sin la previa autorización del Congreso local.