Necesario evitar abusos contra docentes
MÉXICO, DF., 14 de febrero de 2015.- La diputada federal Dora María Talamante Lemas propuso reformar la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), a fin de establecer de manera clara que las relaciones de trabajo del personal y las dependencias se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como que el órgano jurisdiccional competente en materia laboral es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo mandata la norma.
En su iniciativa, la legisladora por Nueva Alianza planteó modificar y adicionar los artículos 26, 78 y 83 de la citada ley, con la finalidad de “otorgar certeza jurídica al personal docente, directivo y de supervisión, garantizando así que sus relaciones de trabajo se circunscriban al derecho laboral, sujetos a la aplicación de las medidas de disciplina y sanción establecidas en la normatividad.
Talamante Lemas recordó que en un principio, la iniciativa presidencial de la Ley General del Servicio Profesional Docente, preveía al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como órgano jurisdiccional con competencia para resolver controversias de tipo laboral suscitadas entre una dependencia educativa y sus trabajadores.
Ello, dijo, en franca contradicción con el espíritu de la reforma constitucional del artículo 3º, toda vez que establecía que: “El personal docente y con funciones de dirección o supervisión en la educación pública, forma parte de los trabajadores al servicio del Estado” y “no existe base constitucional para establecer legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado”.
La legisladora aliancista agregó que el proyecto se modificó para convertirse en el actual artículo 83 de la LGSPD, y si bien con ello se subsanó dicho error, eliminando la competencia jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nueva redacción -hoy vigente- presenta cierta ambigüedad para garantizar el pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación que establece la Carta Magna.
La también Secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados añadió que para garantizar el acceso a la justicia, en caso de que un trabajador docente fuera despedido o separado del servicio público, se debe dejar plena constancia y razón de los motivos, intentando con ello evitar injusticias y abusos contra los profesionales de la educación.
Para eso, dijo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el que está investido de facultad por mandato constitucional para dirimir las controversias y conflictos que existan en las dependencias, en este caso las educativas y los docentes como actores centrales en el Sistema Educativo Nacional de los tipos de educación básica y media superior.
Así pues, reiteró, el propósito de esta propuesta de reforma es establecer claramente que las relaciones de trabajo del personal y dependencias se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el órgano jurisdiccional competente en materia laboral es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como lo mandata la Norma fundamental y la ley reglamentaria.
La iniciativa de Talamante Lemas fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis.