Michoacanos en la lista de desapariciones forzadas de Human Rights Watch
MORELIA, Mich., 21 de febrero de 2013.- Cuando menos tres michoacanos aparecen en la lista de desapariciones forzadas en las que se comprobó la participación directa de funcionarios de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, señala el informe Los desaparecidos de México, que publica este jueves la organización internacional Human Rights WatchEsos michoacanos son parte sustancial de los “149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales”, destaca el documento.Los nombres de los michoacanos que reporta Human Rights Watch son los de Adrián Domínguez Rolón y Miguel Gutiérrez Cruz, ambos desaparecidos en la ciudad de Uruapan el 17 de febrero de 2011 por elementos de la Policía Federal.Adicionalmente, se reporta un caso en el que se reserva el nombre de la víctima por las amenazas de que ha sido víctima la familia, cuya desaparición se remonta al 20 de junio de 2009, hecho que Human Rights vincula con acciones encubiertas de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Si bien es cierto que el documento de Human Rights Watch sólo incluye a esos tres michoacanos, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) aseguran que la lista se queda corta, pues desde 2005 a la fecha en la entidad existen más de 650 casos de desapariciones forzadas que no han sido aclaradas.Aseguran que buena parte de esas desapariciones están vinculadas con funcionarios del gobierno federal, y señalan específicamente los casos de José Francisco Paredes Ruiz, ausente desde 2007 y de cuatro jóvenes secuestrados por la Sedena en 2010, cuyos familiares han sido víctimas de amenazas de diversa índole.Para Human Rights Watch, la mayoría de los casos de desapariciones forzadas responden a un patrón “en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida”.En muchos casos, continúa el análisis, las detenciones se realizan en la propia casa de las víctimas, frente a sus familiares, en tanto que en otros se producen en retenes, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos, donde son “levantados” al estilo de los grupos delincuenciales.“Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”, destaca el informe.La investigación realizada por el organismo internacional revela que en esos casos las autoridades no responden de manera oportuna a las denuncias, pues son pocos los casos en los funcionarios de seguridad pública y los ministerios públicos actúan para localizar a la víctima.“Por el contrario, es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública indiquen equivocadamente a los familiares que, por ley, deben esperar varios días para presentar una denuncia formal, y les aconsejan que ellos mismos busquen a la persona desaparecida en dependencias policiales y bases militares, lo cual supone un riesgo para la familia. O bien los agentes del Ministerio Público a veces determinan prematuramente que no tienen competencia para investigar el caso”, señala el extenso documento.
