Ley de Movilidad criminaliza lucha social: PRD
MORELIA, Mich., 4 de diciembre de 2014.- La Ley de Movilidad dará paso a la persecución y criminalización de la lucha social, advierte el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que expresó su absoluto rechazo a las modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución que aseguran significaría la restauración del régimen autoritario en nuestro país, destaca la primera emisión de Noticias MVS.
A través de un comunicado el partido del Sol Azteca indicó que aunque el dictamen, que desde el 23 abril de 2014 había sido aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se presenta como una propuesta para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, lo que realmente busca es facilitar la censura y la represión hacia cualquier manifestación en las calles.
En este sentido el PRD considera que dicho dictamen es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática. Y es que aseguran que sus promotores pretenden convertirlo en un atentado contra las libertades políticas, ya que se facultaría al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, y para regularlas mediante una ley general.
"Es un error social y político porque dicha reglamentación colocaría a la sociedad mexicana ante el riesgo de que cualquier manifestación pacífica sea valorada por el gobierno como violatoria a la movilidad ciudadana, y con tal pretexto se podrían emplear la fuerza policiaca, y la represión legalizada", precisaron.
Y como el PRD considera que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, principalmente juveniles, no se resolverá con mano dura y que este método puede resultar contraproducente al desencadenar una ola de protestas a lo largo de todo el país, propone tres acciones para buscar una salida democrática a la crisis de derechos humanos y de justicia que se está padeciendo en nuestra nación.
En primer lugar le piden a la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional y así garantizar respeto absoluto al derecho que tienen los ciudadanos a la libre expresión, reunión, y manifestación.
En segundo término solicitan adelantar el nombramiento del Fiscal General de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que se priorice la búsqueda con vida de dichos estudiantes.
Y finalmente demandan que la Cámara de Senadores frene esta Ley y con ella la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, y manifestación. E insisten en que de no hacerlo, estarán contribuyendo a que el país entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias.