Estudian elevar a 50 años cárcel por delitos graves en Michoacán
MORELIA, Mich., 15 de abril de 2011.- El Congreso del Estado de Michoacán estudiará la posibilidad de elevar a 50 años de cárcel la pena por delitos calificados como graves, como es el caso del secuestro, el asalto a una población, el homicidio calificado, el parricidio y el filicidio. La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Samuel Arturo Navarro Sánchez, determinó que “ha lugar” al estudio de fondo de la iniciativa de reforma al artículo 94 de la Constitución Política de Michoacán que desde el 25 de noviembre del año pasado presentó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Carlos Campos Ponce. El dictamen fue aprobado por el pleno de la 71 Legislatura y la iniciativa de reforma constitucional fue turnada a comisiones para su estudio, análisis y dictamen, de la misma forma que se hará con la propuesta que presentó el también vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para reformar también el Código Penal del Estado de Michoacán. De acuerdo con Juan Carlos Campos, Michoacán se encuentra entre los estados con penas de cárcel más bajas para castigar delitos graves en el país, con sólo 40 años de prisión, cuando en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Estado de México, Sonora y el Distrito Federal contemplan sanciones por 50, 65 y 70 años de cárcel para secuestradores, asaltantes a poblaciones, homicidas calificados, parricidas y filicidas. El diputado del PRI asegura que el Código Penal de la Federación plantea como pena máxima los 60 años de prisión, mientras que la legislación michoacana no estipula un castigo equitativo a la gravedad del delito, al castigar a los mencionados delincuentes con una sanción máxima de sólo 40 años. Campos Ponce ha señalado también que Michoacán se encuentra, junto con Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Jalisco, entre los 12 estados del país en los que se registró el 90 por ciento de las ejecuciones durante la primera mitad de 2010.
