Divorcio Estado-Federación debilitó impacto de programas sociales

MÉXICO, DF., 7 de abril de 2013.- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Víctor Manuel Silva Tejeda, recibió la instrucción de coordinarse a fondo con el gobierno del estado para sacar adelante el proyecto de política social incluyente del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente en Michoacán, donde el divorcio Estado-Federación en el pasado debilitó el impacto de los programas sociales, dispersó esfuerzos en la lucha contra la pobreza y duplicó padrones de beneficiarios.De acuerdo con un boletín de prensa, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, pidió a Silva y a los demás delegados de la dependencia que se coordinen con los gobiernos de sus respectivas entidades, esto, durante el Primer Taller Nacional de Delegados de Sedesol, denominado “Coordinación e Integración para Mover a México”.En el encuentro, el michoacano refrendó el compromiso de trabajar en el realineamiento de todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno y algunos de la sociedad civil, para la transversalidad de la Cruzada Nacional Sinhambre.Para la titular de la Sedesol, los delegados “somos sus brazos operativos en el hacer y quehacer de la política social en las entidades federativas”, parafraseó Silva.Bajo la presidencia de Peña Nieto, la política social incluyente se basa en una perspectiva de derechos para toda la población, garantizando el acceso a la educación, salud, empleo, vivienda, servicios básicos, seguridad social y calidad ambiental.Silva refirió que Michoacán y casi la mitad de las entidades federativas ya han suscrito los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, bajo el propósito de eliminar la situación de hambre que afecta a millones de conciudadanos.Durante la inauguración del Taller Nacional, Robles Berlanga instruyó a los delegados de Sedesol a promover y conducir los esfuerzos de coordinación entre las instancias federales y estatales, trabajando hombro con hombro para erradicar el flagelo del hambre que padecen hoy, en pleno siglo XXI, 7.4 millones de mexicanos.Acompañada por el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nemer Álvarez, y por el coordinador nacional de delegados, Pedro de León Mojarro, la secretaria Rosario Robles indicó que los delegados son los responsables de impulsar la participación de los diferentes sectores de la sociedad en cada entidad federativa, para que se sumen a las tareas de la política social que beneficien a su gente.Los convocó “a dejar de trabajar por inercia para dar paso a resultados concretos”, con énfasis en los indicadores. “Seremos evaluados en los 400 municipios seleccionados para la Cruzada (de los cuales 7 se encuentran en Michoacán), a partir del número específico de personas que superen las carencias de la pobreza y el hambre”.Pidió a los funcionarios federales transmitir a sus equipos operativos que cada peso invertido y cada programa aplicado deberá reflejarse en un indicador y una meta evaluados por el Coneval, al tiempo que insistió en la necesidad de construir un sistema de evaluación y seguimiento que permita ver, mes a mes, los avances de cada Delegación en los temas de la Cruzada y de los Acuerdos para el Desarrollo Social.Robles reiteró que el presidente Peña instruyó aplicar el principio federalista en las acciones sociales, “cuidando que la coordinación con Estados y municipios no se convierta en subordinación, sino en esquemas de diálogo permanentes”.“Ustedes son parte no de los gobiernos estatales, sino de la Secretaría de Desarrollo Social; ustedes trabajan en el Gobierno federal. Hay que coordinarnos con los gobiernos de los estados, no son sus empleados”, enfatizó Robles Berlanga.Los delegados deberán trabajar en equipo con los secretarios estatales de Desarrollo Social; involucrar al DIF estatal y municipales, al Sector Salud, particularmente en el eje de desnutrición infantil, mujeres lactantes y embarazadas; al sector educativo, en los indicadores de rezago de niños, jóvenes y adultos, y con municipios y dependencias estatales para actualizar la infraestructura social básica.