Denuncian sindicalizados irregularidades en el Poder Judicial

MORELIA, Mich., 29 de agosto de 2011.- El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTSPJEM), Fernando Javier Gámez Piñón, denunció una serie de irregularidades que se cometen en el Poder Judicial de la entidad en perjuicio de la planta laboral de la institución, mismas que han generado una gran molestia entre el personal que podría derivar en paros, tomas y movilizaciones. Durante una rueda de prensa, el líder sindical enumeró diversas inconformidades que aquejan al personal de salas y juzgados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), entre ellas, el hecho de que el pasado 25 de agosto se notificó al personal del Juzgado Penal de Zitácuaro que ante el escaso trabajo que tienen dichas oficinas cerrarán a partir del 30 de agosto y el personal recibiría una capacitación de 5 días para integrarse a un nuevo Juzgado Civil que se abrirá el 5 de septiembre en Hidalgo. Lo anterior, aseguró Fernando Javier Gámez, es preocupante, ante el poco tiempo con que se informó a los 10 trabajadores del juzgado especializados en la materia penal, 8 de ellos sindicalizados y dos más por contrato, así como ante el perjuicio que se les ocasiona precisamente a estas últimas dos personas, que no tienen acceso a seguridad social y deberán salir diariamente a carretera, además de la escasa capacitación que pretende dárseles. Asimismo, denunció que en los 5 juzgados familiares de Morelia existe una excesiva carga de trabajo para el personal, que debe cumplir con plazos fatales para el desarrollo de sus diligencias y que por ello suele laborar de las 7:00 a las 16:00 horas, cuando su horario formal es de 9:00 a 15:00 horas. Entre esas personas hay algunas que incluso ya han presentado enfermedades por el stress y que han debido tomar ansiolíticos para calmar los nervios y pastillas para dormir. En esos mismos casos, abundó Gámez Piñón, se registra el hostigamiento laboral por parte de las titulares de los juzgados Tercero y Quinto de los Familiar, Martha Mendoza y Rosa Alanís Yépez, quienes obligan a las personas a su cargo a realizar tareas para las cuales no fueron contratadas y las citan a trabajar fuera de los horarios laborales, con la amenaza que de no hacerlo se les iniciará un procedimiento administrativo o ya no se les renovarán los contratos. De acuerdo con el secretario general del SUTSPJEM, en la misma situación se encuentra la magistrada Ángeles Rosiles Gracián, quien tiene a dos trabajadoras por contrato a las que obliga a realizar tareas que no les corresponden, por lo que hizo un llamado a que no se abuse más del poder que se les da a los jueces y magistrados en el estado de Michoacán. Por otra parte, señaló que desde hace tiempo se ha pedido que en el Penal de Mil Cumbres se habilite un espacio para el estacionamiento de los trabajadores del Poder Judicial que ahí laboran, puesto que anteriormente se les permitía estacionarse a un costado de la carretera y ahora se les ha impedido, mientras que a los jueces sí se les permite entrar a los cajones de estacionamiento, lo que propicia molestias y retrasos innecesarios para los empleados del STJE, a quienes no se les facilita otro medio de transporte para llegar a su trabajo y tampoco se les permite estacionar sus vehículos particulares. Fernando Javier Gámez señaló que además del personal sindicalizado, que suma 1 mil 48 personas, existen alrededor de 700 trabajadores por contrato sin acceso a la seguridad social, porque en muchos de los juzgados y salas civiles y penales existen uno o dos, a veces más empleados en esa situación. Por ese motivo, adelantó que este mismo día, en reunión de subdelegados, el Comité Sindical podría tomar una determinación sobre las medidas y las acciones a emprender para ejercer presión con la intención de que se solucionen las problemáticas, mismas que podrían ser desde tomas, paros y marchas, hasta la paralización total de los 190 juzgados y áreas administrativas del Poder Judicial de Michoacán.