Castigaría CIDH a autoridades por prohibir derechos de particulares
MORELIA, Mich., 22 de junio de 2012.- La prohibición de que particulares contraten espacios en radio y televisión durante los procesos electorales podría ser sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo Gumesindo García Morelos, ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En entrevista, el ex ombudsman refirió que si la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federal desecha o considera infundado el recurso que promovió para la protección de los derechos político electorales, él recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y posteriormente acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, dijo que confía que los organismos de justicia internacional en derechos humanos dictaminen que la prohibición de contratar propaganda a particulares en medios electrónicos atenta contra la libertad de expresión. “La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) pude determinar que se violaron los derechos y van obligar a pagarme los daños como víctima y el Estado mexicano quedaría obligado a reformar la Constitución y tendrían que quitar estas restricciones”, argumentó el catedrático de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Luego de que por segunda vez acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, García Morelos consideró que debido a la cercanía del la jornada electoral solicitará medidas cautelares para estar en posibilidades contratar propaganda en medios electrónicos y poder emitir críticas hacia los abanderados presidenciales antes de los comicios. Esgrimió que debido a la dilación con la que el órgano de justicia electoral resolverá su juicio y la cercanía del día de la elección se verá “irreparablemente consumado” su derecho de criticar a los abanderados presidenciales por lo que la única disposición legal para evitarlo es la aplicación de medidas cautelares. El activista de los derechos humanos insistió que el Estado mexicano violenta Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe la censura previa o las restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Recalcó que en el artículo 41 tercer apartado de la Constitución mexicana que prohíbe a los particulares contratar espacios en radio y televisión limita la libertad de expresión y contradice los tratados internacionales a los que México se encuentra adherido.