Atiende CEAV a víctimas de San Fernando
MORELIA, Mich., 02 de marzo de 2016.-Ayer por la noche un grupo de 16 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, familiares de los migrantes encontrados en una fosa clandestina en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, acudieron a la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para tener una reunión con el comisionado presidente Jaime Rochín del Rincón.
De acuerdo a información de un comunicado, la CEAV interviene en el caso a partir de la recomendación 80/2013 emitida por la CNDH y dirigida a la PGR y al gobierno de Tamaulipas. Las 16 víctimas indirectas han venido a la Ciudad de México a darle seguimiento a los expedientes de sus casos y a hacerse tomas de muestras genéticas como parte de la indagatoria del caso.
Para este viaje, la Comisión Ejecutiva les ha apoyado con sus traslados desde sus comunidades hasta la Ciudad de México, así como en su hospedaje y alimentación.
Los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión fueron:
- Se realizará el registro de las 16 personas víctimas provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, así como de familiares que representan y que también son víctimas indirectas del caso, en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con base en lo indicado por el Ministerio Público Federal.
- La CEAV, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizará las gestiones necesarias para que reciban asistencia médica, psicológica y de trabajo social en sus países de origen.
- Se les seguirá apoyando con sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación durante las próximas visitas de seguimiento que tuvieran que hacer a la Ciudad de México.
- Se cubrirán los gastos funerarios que pudieran originarse por la posible entrega de restos de sus seres queridos, en caso de resultar algún positivo en las pruebas de ADN.
- Se iniciará el proceso de reparación integral en los casos en que éste proceda
La CEAV es la institución del Gobierno federal dedicada a atender a todas las personas que han sido víctimas de un delito del orden federal o de una violación a sus derechos humanos, con el fin de apoyarlas a recuperar su proyecto de vida y a ejercer sus derechos.