Armas, muerte y corrupción en casas del estudiante de Morelia

MORELIA, Mich., 30 de septiembre de 2012.- Armas de fuego y corrupción extrema existen al interior de las 35 casas del estudiante de Morelia, las cuales reciben en conjunto más de 137 millones de pesos como subsidio anual, es decir, una cantidad mayor al presupuesto de la Comisión de Planeación y Desarrollo (Cplade) o de la Secretaría de los Pueblos Indígenas.Lo anterior se evidencia en una bitácora del Consejo Directivo de la Casa Nicolaita 2011-2012 en poder de Quadratín, misma que revela a detalle, a partir de octubre de 2011, los puntos a tratar en cada una de las reuniones de comité que tienen dichos albergues.Así, por ejemplo, una de las hojas de dicho documento informa sobre la preparación de un viaje de consejo con la participación de tres personas por cada una de las casas del estudiante, y detalla también la necesidad de cotizar en las bellas playas de Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco.El objetivo de esos multitudinarios periplos –considerados del uno al tres de junio pasado—, según se señala en el libro, era realizar actividades presuntamente escolares en destinos de playa, a pesar de que los albergues estudiantiles fueron creados para atender a jóvenes en situación precaria para que puedan realizar sus estudios.En otro de los puntos se advierte con toda claridad que en sesión del miércoles 27 de junio de 2012, los jóvenes que participaron en esa plenaria expresaron su honda preocupación por un hecho sumamente delicado en la casa Isaac Arriaga:“Una problemática grave por situación de armas de fuego”, señala un apartado escrito en una de las hojas, y coincidentemente apenas unos días después, el 26 de julio pasado, fue hallado en uno de los patios de ese albergue el cadáver de un hombre, que presentaba dos impactos de arma de fuego.Dicho sujeto fue identificado en su momento como Ramiro “X”, de aproximadamente 50 años de edad, cuyos restos tenían perforaciones producidas por penetración de balas calibre 22.Hasta la fecha, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a cargo de Plácido Torres no sólo no ha esclarecido los móviles ni atrapado a los presuntos asesinos, sino que ni siquiera ha podido ingresar al recinto estudiantil para realizar sus pesquisas.Inclusive, la autoridad supo del homicidio hasta que moradores de esa casa del estudiante, ubicada en la zona Centro de Morelia, le reportaron lo sucedido, una vez de que presuntamente ya había sido modificada la escena del crimen y transcurrido mucho tiempo desde que se produjo éste.Cabe recordar además que Elías Álvarez, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, en entrevista realizada en mayo de este año, luego del desalojo realizado por la fuerza pública en las casas del estudiante 2 de Octubre y Nicolaita, tras la quema de una patrulla y un vehículo oficial, dijo que en esos albergues los uniformados habían encontrado pólvora, bombas molotov y sosa cáustica.En el documento en poder de Quadratín, en donde además aparecen los nombres de diversos líderes de las casas del estudiante, con su respectivo número de telefonía celular, también se detallan las acciones a realizar previo a ocupaciones en las facultades o en Ciudad Universitaria, y los objetivos de cada una de esas medidas de presión.Así, por ejemplo, en la sesión del pasado tres de septiembre, previo a la toma generalizada que se prolongó por 22 días en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, existe un punto de acuerdo en el que se señala: “lo del cheque lo ven los consejos, se peleará en la toma pero sin evidenciarlo”.Lo anterior hace suponer que los integrantes de los albergues institucionales antepondrían el pago de algún documento, a realmente buscar que los jóvenes rechazados pudieran acceder a la UMSNH.En los resolutivos de ese mismo día, de manera categórica se establece que las manifestaciones irán “de menos a más”, a fin de poner en jaque a las autoridades universitarias... amenazas que finalmente fueron cumplidas…