También 30 unidades del transporte privado están retenidas
MORELIA, Mich., 10 de octubre de 2016.- A pesar de que las unidades retenidas y, en su caso, destruidas por estudiantes normalistas y comuneros han sido preferentemente del sector de transporte de carga privada y de pasajeros y turismo, el gremio del transporte de carga pública suma 30 unidades que permanecen en manos de los manifestantes, refirió Roberto Yáñez Aguilar, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
Destacó que desde tres meses atrás se tiene conocimiento de que estas 30 unidades, con sus cargas y operadores, se encuentran bajo el control de comuneros y normalistas, lo que ha supuesto pérdidas “incuantificables” para el sector.
Penalizaciones económicas por demora por parte de las empresas contratantes, pago de viáticos a los operadores y pérdidas asociadas a los días que las unidades permanecen en paro constituyen los principales conceptos que derivan en daños económicos para los transportistas.
Si bien en algunos casos los propietarios de las unidades han entablado negociaciones individuales con los estudiantes y comuneros para lograr la liberación de las unidades, con resultados exitosos, en la generalidad de los incidentes no ha sido así.
La situación se ha tornado insostenible para un importante número de transportistas, especialmente para los denominados “hombres camión”, pequeños propietarios que sólo disponen de una unidad para trabajar y de la cual también son operadores.
Para Roberto Yáñez, más allá del daño económico que experimenta el gremio local se encuentra la afectación que sufre el estado en su imagen ante el exterior y que podría resultar en una menor demanda de los servicios de los transportistas de carga.
Pese a que se mencionó que los gobiernos estatal y federal podrían implementar medidas de seguridad especiales para preservar la operación del autotransporte de carga pública y privada, así como de pasajeros y turismo, Yáñez Aguilar aseveró que lo único que pueden ofrecer es el estado de derecho y la aplicación de la ley, ya que cualquier otra acción no resuelve el problema de fondo y no genera un impacto positivo.
