Por recorte presupuestal, cancelan 41 obras para los pueblos indígenas
MORELIA, Mich., 5 de julio de 2016.- Derivado de la cancelación de las 41 obras que se iban a realizar en comunidades indígenas del estado, se generaron responsabilidades y sanciones para las instituciones que iban a realizarlas porque tienen que cancelar los fallos de las licitaciones, los contratos y las facturas de los anticipos ante los contratistas, así como el reintegro de las fianzas a las empresas, denunció el diputado Ángel Cedillo Hernández.
El legislador por el distrito de Uruapan Norte indicó que instituciones como la Junta de Caminos, la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas y el ayuntamiento de Zitácuaro ya no saben qué hacer, luego de que prácticamente se anuló el Convenio de Coordinación para la Ejecución del Programa Infraestructura Indígena entre el gobierno federal y gobierno del estado.
Dicho convenio se firmó el 3 de marzo de 2016, con el objetivo de beneficiar a las comunidades indígenas y municipios con 41 obras y acciones, en el ramo del servicio de agua, como perforación de pozos profundos, alcantarillado, distribución y saneamiento, así como la construcción de carreteras.
La aportación estatal fue por 13.5 millones de pesos y la federal de 118 millones, pero solo dos meses después se hizo un recorte de 115 millones, y quedó disponible la mínima cantidad de tres millones, por lo que todo se tuvo que cancelar, generando daños y perjuicios al gobierno estatal y eliminando la posibilidad de desarrollo de lospueblos originarios.
Ante esta situación, el diputado del Partido de la Revolución Democrática adelantó que en la sesión del 6 de julio, desde la tribuna del Congreso del Estado mostrará su inconformidad por este acto del gobierno federal, así como su solidaridad con el Ejecutivo estatal, para que se realice una investigación y se dé una explicación clara de los motivos que llevaron a la determinación del recorte presupuestal y se gestione que se restituya dicho presupuesto.
“No debemos permitir que se siga marginando a los pueblos originarios, no se puede tolerar que a las regiones más desprotegidas y con más carencias respecto a infraestructura y beneficios sociales, se les vuelva a coartar la posibilidad de vivir dignamente.
“En la mayoría de los casos, se trata de comunidades que no cuentan ni con vías de comunicación, agua, drenaje y otros servicios básicos para el desarrollo de la vida sana y digna, pero hoy que se tiene la posibilidad de generar algunas mejoras en sus condiciones de vida, sin más explicación y sustento, se realiza un recorte presupuestal que afecta directamente a los más necesitados”, indicó.
