Solicita consejo de CEDH declarar estado de excepción en Tierra Caliente
MORELIA, Mich., 13 de marzo de 2014.- Mediante una comunicación oficial, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto la declaración de situación de excepción en la Tierra Caliente Michoacán.
El documento enviado al mandatario nacional, signado por los integrantes de dicho órgano ciudadano defensor de los derechos humanos considera que esa zona no cuenta con las garantías mínimas indispensables que le permitan el goce pleno de los derechos humanos establecidos constitucionalmente y en instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y “toda vez que a la fecha es evidente que existe una crisis grave que afecta a la sociedad y que pone en peligro la existencia misma de la comunidad organizada sobre la base del Estado”.
La anterior valoración se hizo con apoyo del Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en zonas de conflictos en el estado de Michoacán, según señalaron en el escrito.
“No obstante, es de significancia el resaltar que con las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos en 2011, se adiciona al artículo 29 constitucional un conjunto de mandatos, como el establecimiento de un conjunto de derechos humanos no suspendibles, aún en los casos de situación de excepción como los que actualmente vivimos en ciertas regiones del Estado, y que por ello las autoridades deben proteger y garantizar en todo momento estos derechos durante el tiempo que la situación lo amerite”, señala el documento.
El Consejo Ciudadano informó que las autoridades deben actuar acorde con lo establecido en la Constitución y los Derechos Humanos en ella consagrados, el no hacerlo debilita al Estado mismo y a las instituciones democráticas fundamentales que le dan vida. Esta figura jurídica establece que se podrán suspender el ejercicio de ciertos derechos con la sola y única finalidad de restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos más fundamentales, y ésta suspensión debe hacerse de manera formal, pública y motivada en donde se especifiquen los alcances y profundidad de las medidas tomadas para restringir o suspender ciertos derechos para posteriormente recomponer el tejido social y recobrar la normalidad cotidiana”.
