Rechaza CEDH queja por discriminación ocasionada por invalidez

MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2014.- Hace cuatro años, Roberto Camarena Fraga tuvo un accidente automovilístico en el que perdió el pie izquierdo y la vista del ojo izquierdo debido al daño neurológico provocado por el traumatismo, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo pensionó.

Un año antes había sido despedido de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Cplade), donde laboró durante 24 años, como supervisor de obra, por lo que demandó a la institución, logrando el pago de la indemnización correspondiente.

Fue así como de proveedor pasó a ser dependiente de su familia por lo que solicitó ayuda al gobernador Fausto Vallejo Figueroa para volver a ocupar un puesto en la Cplade y poder cumplir las semanas de cotización que requiere el IMSS para retirarse bajo la figura de la cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez ya que actualmente tiene 57 años.

Lejos de encontrar un apoyo en su intención de tener una mejor calidad de vida, lo que Roberto ha enfrentado es la discriminación por su condición física, tanto de la administración estatal como de los organismos defensores de los derechos humanos.

A través de la secretaría auxiliar, el gobernador le pidió que acudiera con el coordinador de la Cplade, Francisco Octavio Aparicio, por una respuesta; el funcionario se negó a recibirlo, en cambio envió un oficio a la secretaría auxiliar en el que señala que “…queda de manifiesta la incapacidad física o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga posible la prestación de trabajo alguno”.

Además, indica que no hay precepto legal que obligue a la Cplade a reinstalarlo, que no hay vacantes ni recursos para emplear personal y, en todo caso, tendría que devolver los 350 mil que cobró del seguro de vida.

Roberto se sintió lastimado por el lenguaje utilizado en el oficio ya que si bien tiene limitaciones y ya no podría ser supervisor de obra sí podría desempeñar muchas actividades en oficina.

Inclusive, el IMSS, a través de oficio, le recomienda que continúe laborando bajo el régimen obligatorio, a fin de reunir las semanas de cotización necesarias para el disfrute de otra pensión por cesantía ya que es compatible con la que actualmente tiene por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo.

Fue por eso que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la visitaduría regional Morelia presentó queja por la discriminación que implican las palabras incapacidad e inhabilidad, porque su traducción en sinónimos es “torpeza e ineptitud”, pero ese organismo determinó que no había elementos para aceptar la queja.

Acudió entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a manifestar su inconformidad por el resolutivo del ombudsman local pero ya le contestaron que hizo el trámite fuera de tiempo y fue archivado.

Roberto Está decepcionado de la administración pública y de los organismos defensores de los derechos humanos, no quiere ser una carga para su familia y anhela volver a trabajar para cotizar las semanas que le faltan para tener derecho a una pensión que le permita vivir con decoro.

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