Evita Silvano hablar sobre presuntos vínculos de diputados con el crimen
MORELIA, Mich., 11 de abril de 2014.- El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, evitó emitir su postura respecto a la lista de diputados locales, que presuntamente son investigados por la SEIDO, por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que consideró que las especulaciones sólo "meten más ruido a Michoacán".
En rueda de prensa, que encabezó en la capital del estado, el legislador perredista señaló que la clase política debe esperar a que concluyan las investigaciones que realiza el gobierno federal en torno a la serie de ilícitos que se indagan a diversos personajes y ex funcionarios del estado, antes de emitir alguna postura, ya que sólo se generan especulaciones que resultan dañinas para la entidad.
Ejemplificó con el caso del Michoacanazo en el 2009, cuando fueron arraigados varios presidentes municipales y funcionarios de las administraciones en turno, mismos que fueron liberados por no encontrar elementos que determinaran los ilícitos de los que fueron sospechosos, situación que sólo provocó daños al estado, que “hasta el momento no han sido resanados”.
“Yo creo que hay que esperar a que concluyan las investigaciones, por lo que yo no voy a juzgar, ni descalificar a priori, eso solo mete ruido a Michoacán” detalló el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.
De esta manera, consideró que en la entidad se requiere que se genere un ambiente de tranquilidad y reconciliación entre los mismos michoacanos, en el que se debe garantizar la aplicación de la ley, contra quien haya cometido delitos, independientemente del cargo o representación que ostenten.
De esta manera, el legislador del Partido de la Revolución Democrática, insistió en que en los casos del ex secretario de Gobierno Jesús Reyna García y del líder transportista en la entidad, José Trinidad Martínez Pasalagua, se tendrá que esperar la conclusión de las autoridades, a las que se les tiene que confiar una correcta aplicación de la ley contra quienes resulten responsables.
