Elevarían edad para que mujeres puedan casarse

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2014.- Es necesario implementar programas de educación sexual para combatir el embarazo adolescente y atacarlo frontalmente para evitar se constituya en un problema de salud pública, pues en México hay 11 millones de personas entre 15 y 19 años de edad, de las cuales 5.5 millones son mujeres que representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil. 

Según un comunicado de prensa, así lo afirmó la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), al iniciar la campaña “Recupera una oportunidad” Prevención del Embarazo Adolescente.

En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 22 millones de menores de entre 10 y 19 años de edad, que representan el 19.6 por ciento de la población, por lo que es indispensable contar con políticas públicas y personal educativo que los asesore con información científica y libre de prejuicios ideológicos.

Dos de cada 10 adolescentes de entre 12 y 19 años, han iniciado su vida sexual, y de acuerdo con cifras del INEGI, en 2012 se censaron 11 mil niñas de entre 10 y 14 años convertidas en mamás, lo cual es preocupante porque “se exponen a daños de salud y deben resistir complicaciones como hipertensión, anemia, partos prematuros y la muerte materno-infantil”, agregó.

Hizo hincapié en la importancia de la educación sexual y reproductiva, pues el embarazo en la adolescencia obliga, en muchas ocasiones, a abandonar los estudios a una corta edad y en un bajo grado de escolaridad, alcanzando niveles de deserción de hasta 80 por ciento.

Informó que en el Congreso hay iniciativas de modificación al Código Civil Federal para aumentar la edad de contraer matrimonio y llamó a revisar la legislación en los estados en este tema.

Propuso equiparar el delito de estupro con el de violación sexual para sancionarlo con la misma penalidad, pues el primero, definido como la relación sexual de un adulto con una persona menor de 18 años y mayor de 15 años, se sanciona con cárcel de 3 meses a 4 años, pero muchas veces se exime si se casa con la persona menor de edad.

Al inaugurar la campaña “Recupera una oportunidad” Prevención del Embarazo Adolescente, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) afirmó que es urgente impulsar campañas de prevención y generar políticas públicas eficaces para que los y las jóvenes tomen decisiones con información y responsabilidad cuando inicien su vida sexual.

Se pronunció por que conozcan los métodos anticonceptivos, para que no cambien sus planes de vida ante una concepción. “Ese es trabajo de autoridades, legisladores y sociedad en general”, enfatizó.

A nivel global, apuntó, las estadísticas son claras: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2013 se produjeron 16 millones de embarazos en mujeres de 15 a 19 años, equivalente a 11 por ciento del total de fecundaciones.

Advirtió que la falta de información y de programas de educación reproductiva provoca que una de cada dos adolescentes que inicia su vida sexual en el mundo se embarace. “México no es la excepción: INEGI señaló que de 2.2 millones de personas que nacieron en el país en 2012, el 19.2 por ciento correspondió a madres adolescentes de entre 15 y 20 años de edad”.

Mencionó que los principales riesgos de salud para las jóvenes madres van desde infecciones, roturas prematuras de membranas, partos anticipados, anemia, desnutrición, bajo peso neonatal y muerte perinatal y depresión, además de otros efectos negativos como el abandono y el maltrato infantil.

La representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Leonor Calderón, apuntó que resolver el embarazo en este sector es un reto, porque de continuar como hasta ahora, para el 2030 en América Latina y el Caribe, incluido México, podría elevarse al no disminuir el porcentaje de incidencia. Cada día 20 mil menores de 18 años dan a luz en países en vías de desarrollo, dijo.

Recomendó alentar en esta población un proyecto de vida realizable como una carrera, un negocio o desarrollar un talento para alejar un embarazo, el cual “es un rayo que le parte su vida por la mitad” a una menor.

Sugirió elevar la edad del matrimonio a la mayoría de edad, ya que si los menores de 18 años no pueden votar, no se les puede vender bebidas alcohólicas y no pueden comprar una propiedad, entre otras restricciones, la ley no puede autorizar que formen una familia con matrimonio.

“Son transacciones de menores, encubiertas de matrimonios, avalado por los padres, a los cuales se les da dinero”, denunció.

Subrayó que las cifras de muertes de niñas y adolecentes por causas relacionadas con el parto y embarazo son alarmantes, al registrarse el deceso de 70 mil cada año a nivel mundial, cuando el 99 por ciento es prevenible.

“Es una pérdida de capital humano que no podemos darnos el lujo de seguir teniendo en el mundo”, advirtió. Cada año ocurren 3.3 millones de abortos inseguros en menores de edad, por falta de información sobre salud reproductiva y servicios, inclusive en países que cuentan con servicios legales de interrupción.

Un embarazo en menores “es el ancla más segura para permanecer en la pobreza, por la deserción escolar. Si una niña o adolescente tiene 9 o 12 años de educación rompe ese círculo, aun cuando esté sola; a mayor educación menor mortalidad infantil”.

En su oportunidad, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, sostuvo que el embarazo adolescente se convierte en una tragedia porque muchas niñas de 12 y 13 años en el país son violadas por algún familiar y no se denuncia, considerándolas como las únicas responsables.

El Estado tiene una responsabilidad que no cumple o que no hace lo suficiente para atender esta problemática, ya que el número de estas concepciones no se reducen. “El problema demuestra fallas estructurales del Estado; es un tema de desigualdad, de discriminación, de violencia y requiere una política pública con la participación de los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión, así como las familias.

Propuso ocho acciones: la prevención y la atención de la violencia sexual; eliminar el matrimonio infantil; impartir educación sexual; garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; brindar consejería amigable; evitar la deserción escolar; garantizar el acceso legal a la interrupción del embarazo y proveer servicios de salud reproductiva especializados.

Afirmó que las edades de 16 y 14 años para los varones y mujeres, respectivamente, establecidas en el Código Civil Federal para poder contraer matrimonio en México, “es una disparidad y un absurdo, porque eso legaliza que las niñas puedan embarazarse”, lo que exige, agregó, una transformación cultural y social.