Desempleo y descrédito social padecen ex policías

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2014.- La discriminación laboral y social son los problemas que ahora afrontan los policías dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por no aprobar los exámenes de control, acreditación y confianza, los cuales se han convertido en instrumentos para justificar remociones.

Sin derecho a revisión de los exámenes y sin liquidación, quienes fueron policías son estigmatizados por los patrones quienes ni los reciben cuando van a solicitar empleo, ya que el propio secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, los ha denostado tanto en público como en privado.

Juan Osorio Sánchez considera que si ser policía es mal visto, “ser expolicía es peor que ser criminal porque el criminal entra a la cárcel y sale, supuestamente, readaptado y se le borra el antecedente. A nosotros no, somos policías y estamos bien, en cuanto salimos quedamos marcados para todo lo que nos queda de vida”.

“Yo no soy una persona que digamos, como lo dijo el secretario, porque lo ha dicho explícitamente, no sirven, son gente mala, realmente no sé cómo llamarlo, no profesionales. Sin embargo, yo tengo estudios y conocimientos en psicología, terminé mi preparatoria y tuve alrededor de unos 12 cursos en lo que fue mi empleo”.

Sin embargo, dice: “se nos han cerrado todas las puertas  porque quedamos marcados a nivel nacional y empresas como la Coca Cola, Bimbo que son trabajos en los que puede uno vivir, más o menos, no nos aceptan, es más, ni nos reciben al saber que somos expolicías”.

Raymundo López Ceja era policía de tránsito, estaba en el garaje oficial, realizando inventarios, pero nadie lo quiere contratar por la negativa imagen que se ha creado de los policías que no aprueban los exámenes, al menos así se lo dicen.

Ha buscado empleo pero solo ha conseguido algunos trabajos eventuales, “ahora sí que pintando casas, he andado metiendo solicitudes en un lugar y en otro y, por ser haber sido elemento policial, no le dan a uno el trabajo”.

-¿Qué le dicen?

“Que no hay cupo para los que ya salimos de la policía”.

Desde el 13 noviembre no tiene ingresos. “Me suspendieron y ya no me dejaron entrar, de ahí me mandaron con el contador Salas, él me mandó con el licenciado Ildefonso Martínez, que propone que nos demos de baja, firmar la baja, para poder recibir el aguinaldo, cosa que ya tenemos por derecho ganado, nos ofrece 12 mil pesos, no es correcto que estén jugando”.

Y no solo son él sufren las consecuencias de lo que pudiera ser una arbitrariedad, también sus familiares de quienes dice: “Están también molestos, están arrimándose allá, a sus parientes, yo pidiendo por ejemplo 10 pesos, 20 pesos, para poder trasladarme. Vivo hasta Villa Magna y de ahí me traslado al centro y de ahí a caminar por todo Morelia porque no me alcanzan los 20 pesos que traigo. La familia está sufriendo este caos que nos está proporcionando el mismo gobierno; ahora dicen que va a haber más empleos y corriendo  a los empleados, no es correcto”.

Inclusive, el patrimonio familiar podrían perder algunos elementos dados de baja, como Humberto Huerta Antúnez quien, por lo pronto ya pasó de ser el proveedor a “mantenido” y ha buscado empleo, pero no por currículum, porque tiene claro que cuándo le pregunten en qué ha trabajado no puede decir que los últimos 14 años de su vida fue policía.

“Tengo en pensiones del estado hipotecada mi casa por 170 mil pesos y cómo lo pago, desgraciadamente tengo 14 año trabajando aquí y voy a un trabajo y me piden currículum y dónde voy a salir con 14 años siendo policía, pues desgraciadamente los policías tienen mala fama.

“Ya no sé qué hacer, tengo mi carro, tengo dos años arreglándolo, debo pagar 12 mil pesos para que me lo entreguen, lo voy a perder porque no me quieren dar ni aguinaldo, ni prima vacacional, ni viáticos, ni compensación, ni tractor, nada. No me queda más que estar luchando para que me liquiden bien y poner un negocito  o que me vuelvan a reinstalar”.

Ellos tres, junto con otros 46 elementos,tuvieron conocimiento de que fueron dados de baja el 13 de noviembre del año pasado por no haber aprobado los exámenes de control, acreditación y confianza, “lo cual va en detrimento de la sociedad”, según les dijeron los colaboradores cercanos al secretario de Seguridad Pública.

Antes, a principios del 2013, fueron removidos otros 32, a quienes se les iniciaron procedimientos administrativos ante control y evaluación de conducta pero finalmente les notificaron su baja también en noviembre, según Salvador Rodríguez Coria, presidente de la Asociación Civil de Trabajadores Operativos de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (Actospem).

Únicamente tres de ellos han aceptado la liquidación aunque negociaron directamente con el director jurídico, Ildefonso Martínez, montos entre los 30 y 40 mil pesos. El resto no ha aceptado porque su antigüedad laboral va de los 4 a los 23 años,indicó Rodríguez Coria.

Inclusive hay elementos que resultaron heridos en algún operativo y también han sido despedidos en lugar de ser pensionados por las lesiones sufridas ya que tienen que vivir con balas dentro de su cuerpo porque no es posible extraerlas quirúrgicamente, indicó Rodríguez Coria.

“Están dejando su vida en la Secretaría de Seguridad Pública como para que la misma sociedad no se dé cuenta de que no van a poder conseguir un trabajo digno donde puedan mantener a su familia de forma honesta y ofreciéndoles una indemnización risible y no conforme a lo que es el derecho.

“Tienen que poner atención nuestros representantes sociales para hacer algo por estos compañeros que son los afectados ahorita porque mañana seremos muchos

y nuestras familias qué van a hacer, dependemos del salario como policías y nos lo quitan en automático y nos dejan en estado total de indefensión, salimos estigmatizados nosotros, para empezar hay quienes dicen que quien ha trabajado de policía no tiene cabida en otro lugar”.

Además, los despedidos están en total indefensión ya que acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa a demandar la nulidad del procedimiento por faltade garantía jurídica y se les inicie un procedimiento administrativo  o que se turne al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que se les otorgue una indemnización justa.

Su argumentación es que las bajas no están firmadas por el secretario de Seguridad Pública y no tuvieron derecho de audiencia ya que simple y sencillamente les impidieron ingresar a sus puestos de trabajo y los traen a las vueltas de oficina en oficina sin que se resuelva nada.

Sin embargo,Tribunal de Justicia Administrativa les piden la notificación de la baja, de la cual no disponen en tanto no acepten y firmen la liquidación de 12 o 18 mil pesos, la cual incluye, la quincena, el aguinaldo, las vacaciones, el tractor y, en algunos casos viáticos.

Es por eso que Rodríguez Coria dice que: “estamos pensando que toda persona que sea discorde o que no haga lo que estos mandos medios militares ordenan, se aprovechan de estos examen para poder justificar una baja”.

La versión del secretario de Seguridad Pública no se pudo obtener ya que luego de dar largas con el argumento de que tenía gripa, finalmente accedió a la entrevista condicionada a no preguntar sobre la situación en la Tierra Caliente ya que el día anterior, literalmente, Apatzingán estaba en llamas, pero a la hora de la cita, pidiendo unos minutitos, pasaron dos horas y no se dignó recibirnos.