Debe acelerar Estado seguridad de ciudadanos: CEDH
MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2013.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares señaló que Michoacán no se ha salido del control de las instituciones de seguridad y justicia que representan al Estado Mexicano.
Sin embargo, los tres órdenes de gobierno deben acelerar las acciones que permitan satisfacer las necesidades de protección que demandan los ciudadanos y evitar que la población se siente tentada a hacerse justicia por su propia mano.
En entrevista, el ombudsman michoacano reconoció que el Estado Mexicano no está cumpliendo con su función de brindar seguridad a los habitantes por lo que debe tomar medidas urgentes para generar las condiciones de tranquilidad entre la población.
“De lo contrario estaríamos formando Estados paralelos, sin embargo, en el Estado Mexicano no puede haber nadie por encima este, hace falta actuar con mayor inteligencia”, recalcó.
Mencionó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha recibido ninguna queja por la presunta vulneración de los derechos fundamentales en la población de Tancitaro, municipio en el cual desde el pasado sábado se registraron enfrentamientos entre grupos al servicio de la delincuencia organizada y miembros de los grupos de autodefensa.
Desde ese día los accesos a ese municipio permanecen bajo la vigilancia de efectivos del Ejército y de la Policía Federal, en este sentido, el titular de la CEDH dijo que la actuación de las fuerzas federales sólo está justificada para impedir el paso de personas armadas pero sería inamisible que se restringiera el tránsito a quienes transitan de manera pacífica.
En contraste, José María Cázares informó que cerca de treintena habitantes del municipio de Aquila acudieron a la visitaduría de Lázaro Cárdenas, el pasado sábado, para pedir la intermediación del organismo para que se tomen medidas para garantizar su derecho a la seguridad debido a que se sentían amenazados por otro grupo de pobladores.
A raíz de la solicitud, la CEDH emitió cuatro medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al personal de Secretaria de Defensa Nacional y de la Marina Armada de México en las que se les solicita su mediación para atender la petición de los pobladores de Aquila.
