Reducción presupuestaria no generará crisis de inseguridad: Sales

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2016.-  El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que no hay riesgo de una crisis de inseguridad en México por la reducción en el presupuesto para el próximo año, ya que los recursos se optimizarán, a través de la vinculación transversal y corresponsable entre las distintas secretarías de Estado y los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo a unn comunicado de prensa, al término de una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por Jorge Ramos Hernández (PAN), el comisionado Sales Heredia destacó que “la coyuntura que enfrenta el país implica retos que demandan al Estado actuar con fortaleza y determinación en absoluto apego al marco jurídico”.

Ante la percepción ciudadana de inseguridad, los legisladores cuestionaron al funcionario federal sobre la reducción presupuestaria para combatir el fenómeno; el repunte de delitos de alto impacto y la incapacidad del Estado para investigar y sancionar a los delincuentes.

Además, la falta de confianza en las corporaciones policiacas por la corrupción e impunidad; el ingreso ilegal de armas y el proceso de militarización por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en actividades de seguridad pública.

El diputado Ramos Hernández destacó tres retos frente a la inseguridad que prevalece en el país: escuchar a la población, con responsabilidad y respeto, para materializar cambios, a fin de combatir la corrupción policiaca e impunidad; ofrecer herramientas legales eficaces para castigar a delincuentes, y evitar el abuso de autoridad y la falta de recursos que impide dotar de medios tecnológicos para atacarlo.

Resaltó que la agenda jurídica no está concluida. Falta aprobar la Ley General de Uso de la Fuerza para que las policías no actúen con prepotencia; la Ley de Seguridad Interior, ya que las Fuerzas Armadas no deben permanecer en los estados, cuya presencia rebasa los seis años, y la Ley de Justicia Cívica, ya que la prevención inicia en las faltas administrativas, que deben acotarse.

Apuntó que está en riesgo la viabilidad y credibilidad de la sociedad en el Sistema Penal Acusatorio si no hay eficacia en las detenciones, por lo que es necesario revisar el marco legal para subsanar omisiones y faltantes para erradicar ineficiencias.

“Se reconoce el esfuerzo del gobierno federal, se debe ser equilibrado en las apreciaciones y sí ha habido reformas y detenciones, pero la agenda jurídica en materia de seguridad pública no está terminada, falta mucho por legislar, así como para recuperar la confianza ciudadana a través de resultados para bajar la incidencia delictiva”, aseveró.

En los posicionamientos, la legisladora Melissa Torres Sandoval (PES) indicó que reducir la violencia y regresar la tranquilidad a los mexicanos exige la responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanos, mediante una efectiva cooperación y coordinación con los estados y municipios; sólo así se logrará recuperar la confianza y fijar compromisos. Inquirió sobre la estrategia para combatir el secuestro.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Manuel Espino expresó su preocupación por el ingreso ilegal de 2 mil armas de fuego diarias por la frontera norte, la presencia de 16 millones de éstas en el país y el decomiso de artefactos de alto poder. Cuestionó el proceso de militarización por la presencia injustificada de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sin que exista una certeza jurídica que lo permita.

El diputado Jorge Tello López (Morena) preguntó sobre el destino laboral de los 38 mil policías que no acreditaron el examen de control de confianza. ¿Por qué se deja fuera a 2 mil 148 alcaldías del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad de los Municipios (Fortasec) para elevar su capacidad policiaca? Además, ¿que se hará en los ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres para delinear acciones contra la inseguridad? Ejemplificó la existencia de 418 sitios en Oaxaca que tienen estas condiciones.

Por el PVEM, el legislador Jesús Izquierdo Rojas reconoció los avances en materia de seguridad pública logrados por el gobierno federal mediante las actividades de la Policía Cibernética, la reducción en la sobrepoblación de los penales, que cumple con las normas de seguridad, y la Policía de Protección Federal que tiene más demanda entre los empresarios. No obstante, indicó que se requiere reforzar los derechos de los policías. Solicitó información sobre la implementación de programas de seguridad social para los integrantes de la CNS.

La diputada del PRD, Cristina García Bravo, aseguró que hay una inseguridad sin precedente en México por la incapacidad de investigación y para sancionar a los delincuentes que tiene el Estado, ya que se ha disparado la incidencia de delitos de alto impacto como homicidios dolosos y culposos, secuestro y extorsión. El desafió es canalizar recursos suficientes para atacarlos, pero cuestionó la reducción para prevenirlos.

Por el PAN, la legisladora Mayra Enríquez Vanderkam sostuvo que la percepción de inseguridad es creciente entre la ciudadanía por el incremento de delitos, alentado porque no se denuncia ante la impunidad existente. Demandó un esfuerzo adicional y aplicar medidas distintas. Manifestó su preocupación por la disminución del presupuesto para combatir este fenómeno, así como la falta de capacitación policiaca.

Del PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado destacó que atender los delitos de alto impacto exige la vinculación de todos los sectores políticos y sociales, sin mediar intereses de partido. “Un Estado de Derecho sólido requiere de muchos instrumentos. El gobierno federal ha invertido 21 mil millones de pesos en este esfuerzo para el nuevo modelo de justicia penal. Si queremos tener un sistema penal acusatorio eficaz, ¿cuáles acciones realiza la Comisión Nacional de Seguridad para fortalecerlo?

La diputada del PAN, Angélica Moya Marín refirió el aumento de delitos en Guerrero, Zacatecas y Estado de México, por lo que solicitó conocer las acciones concretas que se realizan para atenderlos.

La legisladora priista Gloria Hernández Madrid inquirió sobre la importancia de legislar sobre el uso de la fuerza pública, así como la factibilidad de reformar el artículo 123 constitucional, Apartado B, fracción 3, a fin de otorgar derechos laborales igualitarios a los policías y evitar discriminación, dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó.

También del PRI, la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez preguntó sobre la estrategia de la Federación para garantizar la seguridad pública y tranquilidad social, hay mucho por hacer en las corporaciones policiacas municipales para atender a la población. Requirió su opinión sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no son propias de sus facultades, competencia de estados y ayuntamientos.

Por Morena, la legisladora Delfina Gómez Álvarez sostuvo que se tiene una deuda con la sociedad al no abatirse los índices de inseguridad que prevalecen ¿En qué momento el Ejército va a dejar las calles y cómo se puede fortalecer la imagen de los militares y policías federales, estatales y municipales? preguntó. Externó su preocupación por la falta de prestaciones sociales y capacitación de policías municipales, que alientan omisiones y deficiencias en sus investigaciones y custodias, porque los malosos están mejor armados que ellos. Además, alertó sobre el aumento de feminicidios.

El diputado priista Abel Murrieta Gutiérrez propuso establecer una agenda conjunta entre autoridades y legisladores para construir y aprobar las leyes pendientes en materia de seguridad pública, a fin de coadyuvar a resarcir los faltantes y atender de forma integral al sector.

Francisco Escobedo Villegas, legislador del PRI, refirió que 42 por ciento de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad, concentran la incidencia de homicidios dolosos; inquirió sobre las acciones para combatirla y se pronunció por una mayor coordinación en los tres órdenes de gobierno; reconoció los esfuerzos del gobierno federal para combatir la inseguridad.

Mesa de coordinación para legislar en seguridad

Sobre el repunte de hechos delictivos en Guerrero, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, sostuvo que se atiende en coordinación con el gobierno del estado mediante un protocolo de urgencia. “El gobernador activó bases de operación mixtas junto con el gobierno de la República, a través de una vinculación estrecha para capturar a los responsables de esta situación”, precisó.

Externó su acuerdo por instalar una mesa de coordinación entre las autoridades federales de seguridad pública y los diputados, con el propósito de construir las iniciativas legales que atiendan los temas jurídicos pendientes, para diseñar, por ejemplo, la Ley General de Uso de la Fuerza, que norme a los tres órdenes de gobierno.

Otra propuesta, es la Ley de Respeto a la Dignidad de los Internos y aseguró que no hay sobrepoblación en los penales federales.

Sales Heredia destacó que hay pendientes en el marco normativo y diseño institucional. Hoy es imperativo fortalecer la capacidad del Estado mexicano en un escenario democrático y de respeto a los derechos en el ámbito de la seguridad nacional.

Aclaró que con la presencia del Ejército en actividades de seguridad pública no se pretende militarizar al país, ya que el mando policiaco sigue siendo civil. No es definitiva la participación de las Fuerzas Armadas, se debe reglamentarse a través de una Ley de Seguridad Interior, y mientras la población pida su ayuda, realizarán esa tarea.

Sobre el tráfico de armas de alto poder, refirió que se fomenta el mercado negro provocando un efecto perverso que debe redimensionarse en la relación con Estados Unidos; por la proliferación de puntos de venta en la frontera norte, se encuentran ahí 300. Sólo en Arizona y Texas existen 16 mil armerías, e ingresan al país. “Tenemos que ser capaces, con el respeto debido a ambas soberanías, de plantear este tema como fundamental”.

Destacó la conveniencia de modificar el artículo 123 constitucional, Apartado B, fracción tercera, para reconocer derechos integrales a los policías, fiscales y peritos, con el propósito de evitar su discriminación laboral y dignificarlos.

Se requiere “reconceptuar a las policías en el país. Sería prudente diseñar una Ley General de Justicia Cívica capaz de normar a nivel nacional las faltas administrativas para que las atienda la policía municipal.

Llamó a revalorar a estos servidores públicos, considerar su actividad como una vocación que requiere profesionalizarse mediante el reconocimiento como carrera respaldada con una cédula, así como especializar sus funciones. Además, modificar el esquema de atención de la salud. Debe romperse el círculo perverso prevaleciente en torno a las corporaciones policiacas para abatir la corrupción y superar la desconfianza que tiene la ciudadanía en torno a su actuación.

Respecto al aumento de feminicidios, recomendó legislar más profundamente para emitir órdenes de aprehensión emergentes hasta por 72 horas a agresores denunciados para cerrar el círculo de violencia, a fin de que se alejen de las mujeres víctimas y evitar este delito.

Consideró que para solucionar la inseguridad debe irse al origen, mediante la sustitución de cultivos para dejar de sembrar amapola y cosechar sábila o café con asistencia técnica en zonas como Guerrero.

Para concluir, Sales Heredia destacó la importancia de transitar a un modelo de seguridad pública ciudadano.