Proponen 7 años de cárcel por manipulación de información pública

MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2016.- Para sancionar la opacidad y manipulación, alteración o falsificación de la información pública, el diputado Roberto Carlos López García, propuso reformas al Código Penal, para que esas acciones sean sancionadas con prisión de dos a siete años y multa de mil a mil 500 días de multa.
Su propuesta, presentada al pleno de la 73 legislatura en la sesión pública de este miércoles, el legislador del Partido Revolucionario Institucional incluye también la sanción del uso ilegal de atribuciones y facultades, con una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de 500 a mil días.
La creación de las contralorías a partir de 1982, así como la de organismos “autónomos” tales como las auditorías superiores y los institutos de acceso a la información, han sido plausibles pero tímidos intentos por combatir los actos de corrupción, porque han carecido de una independencia real y de los “dientes” necesarios para aplicar sanciones severas de manera fundada, objetiva e imparcial, lo que en última instancia abona a favor de la impunidad.
En los últimos años, indicó, se ha dejado escuchar con insistencia creciente la exigencia de combatir la corrupción y la impunidad y como respuesta, en abril del 2015 el Congreso de la Unión aprobó el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha generado la confianza que es de desearse, situación ésta que solamente se podrá revertir cuando se demuestre que se combate la impunidad sin chivos expiatorios ni simulaciones.
“La transparencia en la administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas –rubros en los que nuestro país no sale mejor librado-, han venido constituyendo otros de los reclamos hechos por la sociedad, con la certeza de que su práctica contribuye a inhibir la corrupción y la impunidad”.
López García indicó que la administración pública en México se ha llegado a caracterizar, en buena medida, por el manejo discrecional y opaco de los servidores públicos en el tratamiento de los asuntos que llegan a sus manos, en oposición a la deseable transparencia en la gestión pública, circunstancia que por una parte favorece la corrupción en sus más diversas manifestaciones y por otra obstaculiza la cultura de la rendición de cuentas.
La corrupción de los servidores públicos, su falta de transparencia y el que no rindan cuentas, o que lo hagan sin la claridad necesaria, son tres factores que, coronados por la impunidad, se han convertido con justa razón en las principales causas del distanciamiento entre aquellos y los gobernados.
Ante esa situación, presentó su propuesta para que los funcionarios públicos que desvirtúen la veracidad de la información pública.