Investiga Congreso terna para designar presidente de Álvaro Obregón
MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2016.- La designación del presidente municipal provisional de Álvaro Obregón depende de las respuestas de las instituciones de seguridad nacionales y estatales sobre los antecedentes de los integrantes de la terna propuesta por el Cabildo ya que el Congreso del Estado no quiere asumir responsabilidad alguna si, posteriormente, se descubre que incurrió en algún acto ilícito.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación de la 73 legislatura, a la que se turnó la semana pasada la notificación de la ausencia del presidente municipal, Juan Carlos Arreygue Núñez, quien se encuentra en prisión, por su presunta responsabilidad en el asesinato y cremación de 10 personas, no quieren cometer error alguno en la designación de quien estará al frente de la administración municipal en tanto se dicta sentencia a Arreygue Núñez.
Desde antes de que vencieran los 60 días de ausencia del alcalde el ayuntamiento lo notificó al Congreso del Estado, como lo marca la ley y, desde principios de este mes, los integrantes del Cabildo acudieron a entregar una terna para que los legisladores decidan quien estará al frente de la alcaldía, pero apenas se iniciaron las averiguaciones.
La terna presentada está integrada por el regidor Pedro Díaz Moreno, el director de Obras Públicas Mauricio Díaz Gutiérrez y el síndico Dagoberto Rico Lemus, quien actualmente está a cargo del despacho de la presidencia y los diputados decidieron investigarlos a fondo antes de tomar una decisión y presentarla al pleno de la 73 legislatura para su aval.
Por lo tanto, cuanto recibieron el expediente, solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la delegación de la Procuraduría General de la República, a las oficinas centrales de esa dependencia, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Sistema de Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores todos sus
antecedentes.
Ahora depende del tiempo que lleve a todas esas instituciones responder a los requerimientos de los legisladores, analizar la información que reciban y tomar una decisión, cuando ya han pasado 97 días sin que la población de ese conurbado municipio tenga certeza jurídica sobre los actos del ayuntamiento.
