Intransigente y autoritario no discutir ley de marchas: Carbonell
MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2016.- Como una actitud intransigente y autoritaria calificó el constitucionalista Miguel Carbonell las tomas que se han hecho de la sede del Poder Legislativo por diversos grupos sociales para impedir que se discuta la Ley de Regulación de Marchas.
“Es un debate legítimo, lo digo sinceramente, yo no me negaría a tenerlo… en un estado Constitucional no puede haber temas tabú; yo veo nada de malo en que los diputados discutan una ley de marchas o como le quieran llamar y que tomen la decisión que consideren mejo.
“Si eventualmente, lo digo con toda cautela, si alguien tuviera sospechas o dudas o algún punto de vista sobre una posible inconstitucionalidad puede plantearlo ante la Suprema Corte y que se la que decida, tampoco es que los diputados tengan las última palabra y no lo digo sobre ningún texto en particular porque no los he leído”.
Por lo tanto el especialista no quiso entrar en detalles, pero en lo general dijo que sí se puede regular marchas para obtener un equilibrio entre los derechos que están en juego ya que el de marchar no es absoluto como casi ningún derecho lo es y se tiene que ejercer con respeto a los derechos de los demás.
Acerca de la constitucionalidad del uso de la fuerza pública durante una marcha señaló que cuando los manifestantes violentan los derechos de otras personas no solo es una posibilidad sino incluso una obligación del Estado.
“Ningún ejercicio de un derecho debería servir o debería de dar pie a violar otros derechos de otros; es como si unas personas en el ejercicio de su derecho de reunirse deciden reunirse en su propiedad, usted estaría muy contenta de que se usara la fuerza pública para desalojarlo; es un ejemplo cotidiano de cuando está justificado, pero sí se puede justificar”.
En el caso de la vía pública también se puede justificar si hay un cierre total en un área pública, porque la calle no es de nadie y, a diferencia de una marcha que solo pasa, cuando se bloquea se está
privatizando una carretera, una calle o un boulevard que es de todos y eso es un delito tipificado en el Código Penal
“Ningún ejercicio de un derecho puede permitir avalar, cobijar o tutelar la comisión de delitos, esto no es permisible, no debería serlo en México y no lo es en ningún país democrático del mundo”, indico.
Aceptó que en actual contexto social los elementos de las corporaciones policiacas actúan con discrecionalidad y se propasan, pero ese es otro tema que tal vez requiera de una ley que establezca cuales son los cauces de legitimidad del uso de la fuerza pública.
