Por inestabilidad política, Michoacán no genera planes de desarrollo
MORELIA, Mich., 12 de junio de 2016.- La inestabilidad política obstaculiza la planeación de largo plazo que permita el desarrollo de Michoacán, afirmó la diputada Andrea Villanueva Cano al proponer cambios en la Ley de Planeación, para que independientemente de los cambios de gobierno se puedan alcanzar metas.
Durante los últimos 30 años la constante ha sido el desequilibrio político, lo que ha provocado que en ese lapso haya habido 12 gobernadores, con los consiguientes cambios de funcionarios de todos los niveles y de todas las áreas, lo cual ha impedido dar seguimiento a proyectos y programas.
La legisladora por el distrito de Morelia Sureste señaló que hace 30 años se planteó el desarrollo industrial de tres ciudades medias que se encontraban en condiciones similares, León, Querétaro y Morelia, siendo la capital michoacana la que contaba con mayores recursos y mejores posibilidades de desarrollo.
“Hemos visto como los estados vecinos han experimentado un desarrollo importante en los últimos 30 años y es evidente que nos superan en todos los indicadores: educación, salud, servicios públicos, desarrollo, producto interno bruto, seguridad, inversión, infraestructura, empleo, ingresos propios y en general ofrecen una mejor calidad de vida a sus habitantes”.
Para la legisladora del Partido Acción Nacional, la diferencia fundamental es la planeación y la falta de continuidad a los proyectos y programas y por ello la aplicación de los recursos públicos, que
cada año son mayores, no se reflejan en mejoras reales de las familias michoacanas.
Por ello su propuesta para que la planeción permita regular y promover la acción del estado y pueda encausar el desarrollo económico hacia las exigencias del desarrollo social de los michoacanos.
Para esto, el estado y los municipios organizarán un sistema para la orientación y planeación estratégica, la cual estará a cargo del Ejecutivo que elaborará el Plan Estatal de Desarrollo, mientras que a nivel municipal esta responsabilidad recaerá en los ayuntamientos.
Dichos planes establecerán los lineamientos, objetivos, prioridades, metas y perspectivas a los que habrán de sujetarse, bajo los principios de máxima publicidad, eficacia, eficiencia, transparencia e igualdad y seguridad jurídicas.
Además prevé que se establezcan los mecanismos pertinentes para la evaluación y seguimiento de las metas estipuladas en los mismos.