Ernesto Núñez, en la línea entre lo legal y lo ilegal
MORELIA, Mich., 8 de septiembre de 2016.- El diputado del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar se puso en la delgada línea entre lo legal y lo ilegal al promover, desde el Palacio Legislativo, el inicio de la campaña de afiliación a su partido.
El legislador solicitó a la Junta de Coordinación Política permiso para utilizar el patio del Congreso del Estado para rendir su primer informe de actividades, así como el Salón José María Morelos, para dar una rueda de prensa, al término del informe.
El presidente de la Mesa Directiva Raymundo Arreola Ortega, dijo que a él como muchos otros diputados que lo han solicitado se les ha dado todas las facilidades, pero en el caso de la rueda de prensa, no precisó que era para anunciar la campaña de afiliación a su partido, por lo que el asunto será revisado en la Junta.
Núñez Aguilar rechazó que haya incurrido en algo ilegal, ya que la mampara que se utilizó como escenario para la rueda de prensa la pagó con sus propios recursos y, si bien se anunció la campaña de afiliación, su arranque formal fue en la sede de su partido.
“Las críticas son muestras de celos porque uno está trabajando”, indicó el diputado, quien señaló que así como él, otros diputados han realizado eventos partidistas en la sede del Poder Legislativo.
Sin embargo, el salón José María Morelos es parte de un edificio público y la invitación a la rueda de prensa se hizo a través de la Coordinación de Comunicación Social y no del partido, por lo que, inevitablemente, se utilizaron recursos y personal de un poder en beneficio de un diputado y de un partido.
El artículo 134 de la Constitución General de la República establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En el texto se establece que bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
