Urgente contar con un proyecto para atender violencia política: Alanís
MORELIA, Mich., 15 de octubre de 2015.- En el marco de la reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Martha Martínez, consultora de la Comisión Interamericana de Mujeres, presentó el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades políticas y electorales para mitigar la violencia y el acoso político contra las mujeres". La Magistrada María del Carmen Alanis, Susana Chiarotti y Diana González Perrett, Julieta Paredes, expertas de México, Argentina, Uruguay y Bolivia, respectivamente, comentaron dicho proyecto.
Según un comunicado de prensa, la magistrada consideró que el proyecto es motivo de celebración ya que, siendo América Latina y el Caribe una región que se destaca por contar con marcos normativos a favor de los derechos políticos de las mujeres, debe generar las condiciones para que puedan ser efectivamente ejercidos.
Dado que únicamente Bolivia cuenta con una ley específica sobre violencia política, la Magistrada resaltó la necesidad de contar con una ley modelo que conceptualice adecuadamente este tipo de violencia, establezca acciones para su prevención, atención, sanción y reparación a las víctimas.
La magistrada María del Carmen Alanis también participó en panel titulado “Latinoamérica y el Caribe: tendiendo puentes para la implementación de la Convención Belém do Pará”, en donde fue acompañada por
Miselle O´Brien, experta de San Cristóbal y las Nieves, Susana Chiarotti, experta de Argentina, Francine Foster, Experta de Granada, Cynthia Silva, representante de la organización civil DEMUS y Yanira Argueta, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, quien tuvo a su cargo la moderación del panel.
En este espacio, la magistrada propuso cinco estrategias, una de vinculación institucional entre el Comité de Expertas y los comités del sistema universal y europeo, una estrategia de comunicación, difusión, formación y argumentación. Estas dos últimas, principalmente dirigidas a quienes imparten justicia, a fin de que realizan su labor acorde con la perspectiva de género. Resaltó, además, la necesidad de buscar los mecanismos para hacer efectivos los derechos de las mujeres indígenas.
