Urge PRD agilizar tiempos de ASF y ASM para sancionar irregularidades
MORELIA, Mich., 19 de febrero de 2015.- Tras los resultados de la Cuenta Pública Federal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso de la Unión, en el cual se detectó que la administración estatal encabezada por el priista Jesús Reyna García en el 2013 incurrió “en un probable daño a la Hacienda Pública Federal” por 5.7 mil millones de pesos, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, consideró urgente dotar de facultades a esta instancia a nivel federal y también a la estatal para agilizar los tiempos y plazos que permitan sancionar a quien le sea comprobado haber incurrido en prácticas de corrupción y actos fuera de la ley.
Según un comunicado, recordó que el diputado federal Silvano Aureoles Conejo ha destacado que este órgano técnico está acreditado como un organismo público prestigiado y de experiencia, lo que lo hace confiable que pueda identificar fallas, errores en las entidades públicas, por ello secundó al ahora candidato del partido del Sol Azteca, en el sentido de dotar al órgano fiscalizador de mecanismos para iniciar de manera pronta los procedimientos contra quienes actúen de manera ilegal.
El líder perredista exigió llegar al fondo de estos y todos aquellos actos en donde se encuentren irregularidades, luego de señalar que estos resultados vienen a corroborar lo que se ha señalado por los diputados locales del PRD sobre los actos ilegales que se venían realizando en esta administración estatal encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sostuvo que en este sentido el PRD siempre ha pedido aplicar la ley, a todos los servidores y ex funcionarios públicos sin importar su color o afiliación política que hayan actuado de manera irregular y en su caso les sea comprobados actos en donde se hayan beneficiado de ilegalmente con recursos del erario público.
El partido del Sol Azteca, dijo es el primero en reconocer que en el país y el estado urge facultar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoria Superior de Michoacán, para que esta tenga en sus manos la posibilidad de vigilar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, en plazos más cortos, y agilizar la aplicación de la ley.
