Tres años 'congelada' la iniciativa para regular manifestaciones

MORELIA, Mich., 30 de mayo de 2011.- Los profesores del magisterio michoacano tienen en sus manos el evitar afectaciones a los michoacanos, por lo que es necesario exhortarlos a retomar el diálogo y alcanzar acuerdos para evitar acciones que perjudiquen a los alumnos y los ciudadanos en general, señaló la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lourdes Torres Vargas.Como integrante de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, la legisladora panista afirmó que en la medida que exista una correcta y adecuada comunicación entre las instituciones y el magisterio, será posible permitir el sano desarrollo del sector educativo en Michoacán.Lo anterior, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciara para este martes un paro indefinido de labores, así como marchas en la capital michoacana, Vargas Torres manifestó su rechazo a las formas en las que cada vez más ciudadanos pretenden hacerse escuchar y presionar a las autoridades, porque afectan no sólo el libre tránsito de las personas que están trabajando, sino a los alumnos que pierden importantísimas horas de clases.En este tenor, la diputada recordó que desde 2008 el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado impulsa una iniciativa de Ley que Regula el Derecho a la Libre Manifestación Política Pública del Estado de Michoacán, misma que tiene por objetivo atender el interés común de la gran mayoría de los ciudadanos del estado, pero principalmente de Morelia, que son los más afectados por este tipo de conductas.Lourdes Torres explicó que, como ya se ha dicho antes, la propuesta no tiene por objetivo limitar el derecho a la libre manifestación o a la libertad de expresión, sino establecer reglas para que se notifique oportunamente a las autoridades y que los participantes en las marchas, manifestaciones y plantones se conduzcan con respeto a los derechos de las personas ajenas a sus problemas.En su opinión, los morelianos y los michoacanos tienen el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo, mismos que continuamente se ven afectados por las movilizaciones que paralizan el tránsito vehicular, el comercio, el turismo y el empleo de miles y miles de ciudadanos que nada tienen que ver con las causas que los manifestantes tengan para bloquear la circulación o para salir a las calles a expresarse.