Transparentar procesos de licitación pública, pide el Panal
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2016.- Conflicto de interés, corrupción e impunidad son temas de los que la sociedad ya está cansada, aseveró el diputado Alfredo Valles Mendoza.
Según un comunicado, por lo anterior, presentó una iniciativa de reforma con la que se pretende fortalecer las instituciones y los procedimientos de licitación pública con el objetivo de prevenir y combatir de manera eficaz y contundente los actos de corrupción.
En Tribuna, el coordinador de Nueva Alianza afirmó que “la corrupción es uno de los problemas que más daño ocasiona al país y para frenarla, es necesario fortalecer nuestro marco normativo a fin de eliminar de la ley las áreas grises que, si no la fomentan, sin duda la facilitan”.
En este sentido, consideró necesario reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con ello, dijo, se pretende robustecer las funciones del testigo social, incluyendo su obligación de denunciar los casos en que se presente conflicto de interés entre funcionarios y los contratistas participantes en el proceso de licitación, así como aquellos casos en que se favorezca a alguno de los concursantes.
Por otra parte, se propone que antes de iniciar cualquier licitación se exija una investigación de mercado previa al procedimiento de contratación, con la cual se busca sustentar la necesidad de la obra pública y establecer de forma clara su costo- beneficio.
Además, explicó el diputado aliancista, la iniciativa plantea una mejor difusión de dichos procesos a través del sistema Compranet.
Ello, mediante la incorporación de todos los pormenores que se presenten durante las concesiones y adjudicaciones de la obra, incluyendo las modificaciones, rescisiones y renovaciones de los contratos.
Asimismo, añadió que para evitar que situaciones de corrupción se repitan, se propone establecer el compromiso y la obligación de los participantes adjudicatarios del contrato, de reparar los defectos o deficiencias que presente la obra pública en su ejecución y funcionamiento.
Valles Mendoza indicó que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se calcula que la corrupción le cuesta al país entre dos y nueve puntos del Producto Interno Bruto.
Y según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, realizado por Transparencia Internacional, México ocupó el lugar número 103 de 175, lo que significa que se encuentra reprobado.
Al respecto, comentó, “para Nueva Alianza es imprescindible contar con mejores mecanismos de control que inhiban los actos de corrupción”.
En este contexto, es necesario reforzar la certidumbre jurídica, de que se cuenta con reglas claras, así como objetividad e imparcialidad en el desahogo de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obra pública, puntualizó.
