Tergiversa SHCP la información, afirma gobierno de Michoacán

MORELIA, Mich., 10 de febrero de 2012.- Respecto a las declaraciones emitidas este viernes por el encargado de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Carlos Alberto Garza Ibarra acerca de las presuntas entregas “en tiempo y forma” de las participaciones federales a Michoacán, el Gobierno del Estado aclara, detalla y precisa lo siguiente:Al referirse a las justas demandas del Gobierno y del pueblo de Michoacán para que le sean entregadas las participaciones que por Ley le corresponden al estado, el señor Garza Ibarra sólo se ha dedicado a justificar las disminuciones a todas luces ilegales que la federación ha hecho a las participaciones a la entidad, soslayando todas las gestiones que desde abril del año pasado han realizado tanto la secretaria de Finanzas del estado, Mirella Guzmán Rosas, como por el propio Gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel.Es lamentable que las dos únicas veces que el señor Alberto Garza Ibarra ha visitado Michoacán, solo hayan sido para realizar giras de medios y no paras sostener reuniones de trabajo con las autoridades locales sobre el tema, como es su obligación como funcionario.Ante ello, es necesario informar a la opinión pública y recordarle al señor Garza Ibarra que no obstante que la economía del país se ha reportado como “estable” y que varias partidas del presupuesto federal sufrieron incrementos considerables, las participaciones federales a los estados en 2011 cayeron 3.27% de lo esperado, lo que representó una disminución de más de 490 millones de pesos para Michoacán.En materia educativa la actual fórmula del FAEB nos afecta negativamente. A la fecha, desde que se aprobó esta nueva fórmula en 2007, Michoacán ha perdido más de 560 millones para la educación básica. Sin embargo, porque la educación es nuestra prioridad, nunca se ha dejado de pagar un solo día de salarios a los maestros. Esta situación representa una mayor aportación del Estado frente a la federación cada año.Adicionalmente, de 2006 a 2011, Michoacán recibió de la federación, al igual que todos los estados de la República, apoyos adicionales por más de 8,500 millones de pesos. Estos apoyos son cotidianos, necesarios y sirven para corregir los desequilibrios de la Ley de Coordinación Fiscal que mantiene al límite financiero a los estados. Sin embargo, estos apoyos se redujeron de manera considerable para Michoacán en el 2011, y las autoridades hacendarias nunca explicaron claramente ni al Gobierno estatal ni a los michoacanos el porqué de esta reducción, más aun en un año electoral por lo que la sociedad denominó a estos hechos como el “Michoacanazo financiero”. Sumado a lo anterior, los problemas financieros del cierre de la administración también se deben a los descuentos a las participaciones federales que se aplicaron exclusivamente durante la segunda mitad de 2011, lo que no sucedido en años anteriores. El descuento en estos meses por concepto de pago de cuotas del ISSSTE fue de más de 900 millones de pesos, cuando en otros años habíamos recibido el apoyo adicional de la federación por este concepto (de 2007 a 2011: 4,211’604,321), debido a que las cuotas corresponden a trabajadores federales de la educación y salud en Michoacán.Por si fuera poco, a estos embates financieros, se sumó la falta de radicación de recursos federales ya etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como es el caso de los 120 millones que serían destinados a los campus universitarios y que no llegaron a Michoacán en su tiempo.Como queda claro, el señor Garza Ibarra tergiversa la información pública respecto a los descuentos ilegales que la federación hizo en la entrega de las participaciones federales, cuyos recortes y atrasos representaron no sólo problemas y falta de liquidez al Gobierno del Estado, sino el rezago en la entrega de muchas obras públicas que estaban en marcha y que tuvieron que detenerse por falta de recursos.No debe de olvidar el señor Garza Ibarra que todos los michoacanos día a día trabajan para generar riqueza y que dicha riqueza se reporta a la Federación, por lo que debe de ser justa y equitativamente reintegrada para su desarrollo.