Senado limita a estados para la adquisición de deuda pública

MORELIA, Mich., 18 de abril de 2013.- Con cien votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones el Senado de la República aprobó las reformas y adiciones a la Constitución Mexicana en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios; así lo informó el senador Salvador Vega Casillas, quien fue uno de los precursores de dicha mejora a la Ley.De acuerdo a un comunicado de prensa, “esta reforma, impedirá que situaciones tan lamentables, como la deuda irresponsable que hoy padecemos los michoacanos se repitan. Como legisladores federales estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de modificar la Constitución y las leyes para impedir y sancionar la irresponsabilidad en el manejo indisciplinado de los recursos públicos”.La reforma, indicó Vega Casillas, prohíbe expresamente contratar deuda para gasto corriente y regula la reestructura de créditos, además facultan a la Cámara Alta para aprobar o en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de las entidades que registren niveles elevados de empréstitos; obligando a los gobiernos estatales y municipales a una mejor disciplina financiera.“Ahora los créditos a corto plazo deberán pagarse en el periodo de gobierno que corresponda y no se puede contratar deuda en los últimos tres meses de una administración”.El legislador panista destacó que con la reforma constitucional, las contrataciones de deuda, ahora deberán estar autorizadas por dos terceras partes de los congresos locales y deberán fijarse los topes máximos de endeudamiento por parte de los legisladores en cada entidad.“Los senadores tendrán la facultad de legislar para señalar los topes de endeudamiento, en donde estén en garantía las participaciones, además de establecer las sanciones a los gobernantes irresponsables que hipotequen el futuro de sus gobernados”.Para finalizar, Salvador Vega Casillas indicó que los gobiernos locales deberán publicar en un registró único sus obligaciones para evitar que surjan deudas al final de su gobierno, que no fueron consideradas en un principio, con lo cual se garantiza la estabilidad financiera de los ciudadanos.