Se oponen PRI y PAN al reemplacamiento

MORELIA, Mich., 14 de diciembre de 2015.- Las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se opusieron de inicio a la eventual entrada del reemplacamiento vehicular en la entidad.

Los coordinadores de ambas bancadas resaltaron que analizarán a fondo los términos mediante los que se propuso este impuesto en el alcance presupuestal de Ingresos y Egresos de Michoacán, a fin de que no existan repercusiones en la economía de la ciudadanía.

Adriana Hernández Iñiguez, coordinadora del grupo parlamentario del tricolor, enfatizó que los legisladores priístas no permitirán que se atente contra la ciudadanía en la búsqueda de reivindicar el esquema financiero de la entidad, por lo que aseguró que previo al cierre de año el PRI fijará una postura concreta al respecto.

En caso de que la renovación de matrículas vehiculares transgreda los intereses de la sociedad michoacana, puntualizó que la bancada del tricolor no permitirá que se consume esta acción, aún cuando el reemplacamiento es un tema de mandato constitucional.

El coordinador de la bancada panista, Carlos Quintana Martínez, opinó de  la misma forma  tras enfatizar  que no existirá cabida para legislar en contra de los michoacanos, en franca alusión al tema del reemplacamiento vehicular.

En entrevista, el diputado local argumentó que la ciudadanía no se encuentra lista para hacer frente a este impuesto, por lo que descalificó la propuesta emitida por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien desde un inicio había planteado que la renovación de matrículas vehiculares no se contemplaría en su administración.

Señaló que si bien es un tema que tiene que ver con la regulación de vehículos por cuestiones de seguridad, no es factible agregar un impuesto más para los michoacanos dadas las condiciones en las que se encuentra involucrado el estado.

Tanto Adriana Hernández como Carlos Quintana aterrizaron su postura al precisar que analizarán a fondo cada uno de los términos que se expusieron en el alcance presupuestal del Gobierno del Estado, aún cuando tendrán tan sólo 15 días para evaluar dicha propuesta.