Reprueba Ejecutivo estatal en seguridad pública: PAN y PRI

MORELIA, Mich., 21 de julio de 2011.- Por mayoría, de 15 votos a favor por 9 en contra y 2 abstenciones, el pleno del Congreso del Estado de Michoacán avaló el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública respecto de la glosa del Segundo y el Tercer Informe de Gobierno de Leonel Godoy Rangel, mismos en los que se reprueba el desempeño de la administración estatal en materia de seguridad pública.En voz del presidente de la Comisión de Gobernación, Claudio Méndez Fernández, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se inconformó con los términos del documento, elaborado por un grupo de trabajo legislativo en el cual no hay un solo integrante del sol azteca, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió que ello no es impedimento para que cualquier miembro de la bancada perredista se pudiera integrar a los trabajos, sin derecho a voto, pero sí a voz.De acuerdo con el dictamen aprobado por 15 diputados del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), que tuvo 9 votos en contra, del PRD y del Partido del Trabajo (PT), y las abstenciones de los diputados únicos de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Convergencia, el Ejecutivo estatal no demostró que las acciones en materia de seguridad pública hayan sido suficientes, ya que se detuvo la certificación y acreditación de confianza.Además, no se acreditó que la capacitación impartida demostrara avances en investigaciones ministeriales o en una mejora de las policías estatales, es decir, no se establecieron indicadores de evaluación que permitieran que dichos cursos cumplieran con los estándares mínimos de aprovechamiento académico.En cuanto al Observatorio Ciudadano para la Prevención del Delito y el Fomento a la Cultura del a Legalidad, expresaron los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, no se demostró que exista realmente un puente de comunicación entre el gobierno del estado, la sociedad civil y la iniciativa privada, porque el decreto para su creación emitido por el gobernador Leonel Godoy estuvo viciado, toda vez que un organismo de estas características no puede tener en su interior funcionarios que actúan como jueces de su actuación.Tampoco convenció la inversión en infraestructura y equipamiento de la policía, así como para fortalecer los trabajos de química forense, puesto que no se reflejó en resultados satisfactorios, toda vez que no se reflejó en resultados satisfactorios, de mejoría en las investigaciones o de una mejor integración de las averiguaciones, puesto que se incrementaron la inseguridad, los delitos del fuero común y la desconfianza para presentar denuncias.La Comisión de Seguridad Pública consideró que no cuenta con instrumentos para demostrar avances del gobierno de Michoacán, ya que la administración estatal no ha creado parámetros para medirlos, además de que los consejos intermunicipales de seguridad pública no han demostrado traer beneficios y nunca se ha informado si ha operado el simulador de manejo de combate al crimen de origen israelita que se adquirió.Además, se reveló que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) detectó irregularidades en la ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración por 85 millones 957 mil 800 pesos, productos financieros generados por la inversión de los recursos del FASP y no ejercidos por 3 millones 463 mil pesos, y diferencia de registros con la cuenta pública por 84 millones 273 mil 200 pesos.