Reforma legal dará mayor certidumbre a juicios civiles en Michoacán
MORELIA, Mich., 30 de diciembre de 2011.- Para subsanar una serie de omisiones que actualmente existen en la legislación local, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán que tienen por objetivo crear las figuras de “suspensión” y de “interrupción” para dar mayor certidumbre a los juicios civiles en la entidad.La iniciativa original fue presentada desde el 27 de agosto de 2009 por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 71 Legislatura, Samuel Arturo Navarro Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), y dictaminada por las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, además de que se aprobó por el pleno del Poder Legislativo de Michoacán en la sesión del pasado 28 de diciembre.De acuerdo con las consideraciones del dictamen, actualmente la forma más natural para la terminación de un proceso legal por la vía civil es la sentencia dictada por el juez correspondiente, pero hay casos en los que no ocurre así, puesto que se registran hechos que producen la extinción anticipada a través de modos consideramos como anormales o extraordinarios.Entre dichas causas de conclusión anormal del proceso se encuentran la muerte de una o ambas partes en el juicio, así como la incapacidad física o mental de alguna de ellas, lo que normalmente termina por afectar los derechos o los estados jurídicos que conciernen a las partes.Así, en el caso de derechos personalísimos de las partes, como en divorcios, pérdida de la patria potestad, custodia, convivencia, restitución de menores y otras, la muerte de una de las partes pone término al juicio, pero cuando se trata de acciones de carácter patrimonial el juicio no termina con la muerte de una de las partes, sino que simplemente se interrumpe para que los herederos de la parte fallecida provean lo necesario para continuar con su defensa.Hasta la fecha el Código de Procedimientos Civiles de Michoacán no regula el fallecimiento de una de las partes como causa de interrupción del procedimiento, por lo que ante la omisión de la ley y la necesidad de interrupción del procedimiento los jueces deben recurrir a disposiciones en legislaciones similares federales o en otros estados, para con fundamento en los principios de equidad y analogía aplicar disposiciones que permitan decretar la interrupción del juicio.Por ese motivo, la iniciativa mencionada propuso reformar la denominación del Título Noveno, que actualmente se llama “De la caducidad de la instancia”, para sustituirlo por “De la suspensión, interrupción y caducidad”, así como adicionar dos capítulos y convertir al que actualmente es capítulo único en el Capítulo Tercero.De esa forma, una vez promulgada la reforma, el Capítulo I, que hablará de la suspensión, explicará que el proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar por un caso de fuerza mayor y cuando alguna de las partes o su representante procesal en su caso, sin culpa alguna suya, se encuentra en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio.En tanto, el Capítulo II, que tratará de la interrupción, establecerá que el proceso de interrumpe cuando muere o extingue antes de la citación para sentencia del juicio una de las partes o cuando muere el representante procesal de una parte antes de citación para sentencia del juicio.Además, el Capítulo III, que hablará de la caducidad de instancia, quedará como está actualmente el Capítulo Único, para explicar que se tendrán por abandonadas las instancias y caducarán en derecho si no se promueve su curso por cualquiera de las partes durante 120 días naturales.
