Realizan seminario sobre los derechos políticos de las mujeres

MÉXICO, DF., 12 de octubre de 2015.- El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), llevan a cabo el Seminario “Violencia Política: La Transgresión de los Derechos Políticos de las Mujeres”, el cual es un espacio de análisis, debate y experiencias para encontrar posibles soluciones a esta problemática.

Según un comunicado, al participar en la inauguración, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, dijo que las autoridades del Estado deben dirigir acciones directas e indirectas para lograr la paridad de género.

En este sentido, Carrasco Daza destacó las sentencias del máximo organismo jurisdiccional del país que han favorecido la inclusión de candidatas y candidatos en las listas de puestos de elección popular y de representación proporcional a nivel  federal, estatal y municipal, aunque dicha situación ha generado posiciones encontradas.

“Se transitó hacia un esquema de paridad horizontal y vertical mediante una interpretación extensiva de lo ordenado en el artículo 41 de la norma fundamental, ha sido un ejercicio jurisdiccional que hoy sigue extrañamente generando muchas posiciones encontradas. Hay espacios de decisión en donde se afirma que la posición de la Sala Superior es desmesurada; se olvida el rezago histórico y la deuda moral que tenemos con las mujeres en México”, expresó.

“La igualdad de acceso a la justicia es el fundamento de la democracia y su defensa nos compete a todos”, afirmó el Magistrado.

El Magistrado indicó que la impunidad de los delitos contra las mujeres es en sí misma un delito, ya que una sociedad que se encuentra en fase de consolidación democrática debe transitar, de manera imperativa, a un esquema de protección integral a la mujer en sus acciones y en sus programas, pero a su vez, en el rigor y fuerza que impone un sistema abierto e incluyente de justicia.

Ante ello, Carrasco Daza agregó que el sistema de justicia penal que está a punto de implementarse, tendrá la oportunidad de reivindicar en la práctica un reclamo que ya no admite postergación: la tutela efectiva de los derechos de la mujer y, particularmente, el establecimiento de un modelo que garantice un estatus de igualdad.

Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, refrendó el compromiso de la autoridad electoral nacional para fomentar la participación política de las mujeres y vigilar el cumplimiento de la paridad en la postulación de las candidaturas a nivel local y municipal.

“Estaremos muy vigilantes para que nunca más vuelva a haber una decisión en el ámbito local que vulnere el principio de paridad establecido en diversas normas en materia electoral”, señaló.

Lorenzo Córdova adelantó que el INE ejercerá a plenitud su rol de autoridad rectora del sistema electoral y, en breve, el Consejo General establecerá los criterios para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en el ámbito local y municipal.

“Que a nadie le quede duda, y nadie pueda ser omiso, respecto del cumplimiento de lo que está establecido en muchas leyes, pero además está obligado por la jurisprudencia del Tribunal y que tiene que ver con la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal”, dijo.

En compañía de Santiago Nieto Castillo; titular de la Fepade,  y Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, el Presidente del INE refirió que la elección de 2015 representa un avance en materia de paridad.

Informó que en la pasada elección federal participaron dos mil 248 candidatas. “Nunca antes tantas mujeres habían contendido en una misma jornada electoral, lo cual tuvo como resultado que de las 200 curules de representación proporcional, 95 sean ocupadas por mujeres y que los triunfos de mayoría obtenidos por las candidatas, pasaran de 89 en la legislación anterior a 117 en la LXIII Legislatura que recién ha iniciado.

Córdova Vianello concluyó que es una realidad en México que los cambios normativos en materia de paridad avanzan más rápido que su implementación en las prácticas políticas, por lo que es necesario un cambio cultural.

“El camino hacia un México más igualitario, incluyente y equitativo, ciertamente requiere de cambios institucionales y de acciones afirmativas, pero sobre todo de una nueva cultura cívica que ordenada en una lógica de una auténtica política de Estado, propicie nuevos entornos de participación para las mujeres y los hombres”, aseveró.

En su intervención, Santiago Nieto, titular de la Fepade, señaló que en el pasado proceso electoral se registraron 38 casos de violencia política de género, a diferencia de los dos casos registrados en las elecciones de 2012.

Sin embargo, reconoció que se desconoce la cifra negra de delitos no denunciados de violencia política en contra de las mujeres, ante la omisa regulación en el marco normativo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por ello, Santiago Nieto subrayó la necesidad de tipificar el delito de la violencia de género y ratificó el compromiso de la Fepade para combatir de manera enérgica la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, consignando a los agresores y determinando un patrón jurídico de corte ministerial que impida volver a tener experiencias desagradables como las registradas en los procesos de 2014 y 2012.

Finalmente, Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, apuntó que en México existe violencia política de género, y para eliminarla es necesario cerrar el paso a todo ejercicio de poder que pretenda obstaculizar la inclusión de las mujeres.

“Indiscutiblemente, el fenómeno de la violencia política es uno de los principales pendientes, un problema que se acentuó por la falta de reconocimiento y de atención. Por las múltiples omisiones que autoridades y partidos permiten, y por las pocas herramientas de que disponemos”, afirmó.

Lorena Cruz abundó que “en el marco del 62 Aniversario del voto de las mujeres en México, tenemos que definir con claridad y grandeza de miras hacia donde debemos dirigir nuestro esfuerzos, para que la paridad en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes de la unión sea una realidad”.