Realizan 7 modificaciones a la Ley de Deuda Pública

MORELIA, Mich., 18 de noviembre de 2014.-Mediante datos proporcionados por el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide), se pudo realizar un seguimiento sobre la Ley de Deuda Publica, impuesta en enero del 2003, la cual ha tenido un total de siete modificaciones, que han llevado al estado a aumentar su adeudo en 15 mil 204 millones de pesos a largo plazo y 10 mil 790 a corto plazo.

Los antecedentes datan al mes de diciembre de 2002, donde se creó por primera vez el impuesto del dos por ciento a la nómina, lo cual abrió paso a la creación de la nueva Ley de Deuda Pública, la cual unos cuantos días después permitía al estado tener un endeudamiento del cinco por ciento.

Meses después de la creación de dicha ley, surgió su primera modificación, el 28 de agosto de 2003, donde se autorizaba la creación de créditos a corto plazo hasta por un cinco por ciento del presupuesto anual, los cuales debían pagarse en el mismo año que se contrataran, sin necesidad de la autorización del Congreso del Estado.

Asimismo, la segunda modificación surgió el 12 de marzo de 2007, con la finalidad de otorgar créditos a corto plazo para pagar seis meses antes de que la administración concluyera, los cuales tampoco requerían la concesión del Congreso.

Seis meses después, se volvió a realizar un cambio en la ley, en esta ocasión para facultar al titular de la Tesorería del Estado a emitir valores, certificados, obligaciones, entre otras cosas, lo cual genero un endeudamiento tres días después por 3 mil 500 millones de pesos.

Aunado a esto, dos años después en mayo de 2009, se realizó una cuarta modificación, la cual eliminó el cinco por ciento de tope anual para la contratación de créditos, es decir, se podía solicitar el recurso que fuera.

Posteriormente, continuando con las modificaciones, en enero de 2011, se cambió por quinta vez, con el objetivo de autorizar a la titular de la Secretaría de Finanzas para reestructurar o refinanciar cualquier deuda contraída, nuevamente sin autorización del congreso.

Once meses después, se autorizó la sexta alteración, la cual abrió la puerta a la oportunidad de contratar crédito, sin importar el riesgo y estabilidad tanto económica como social del estado, o que este haya presentado una disminución significativa de los ingresos.

Para finalizar, la séptima y última modificación que la Ley de Deuda Publica, sufrió fue para retomar el espíritu de la Constitución, donde actualmente los créditos se autorizan únicamente por el Congreso y deben destinarse a inversiones públicas productivas.