Proponen legisladores Ley del Instituto de Defensoría Pública
MORELIA, Mich., 9 de julio de 2013.- Asegurar el derecho fundamental de acceso a la justicia garantizado por el Estado, a través de la asesoría y defensa técnica, ética y competente, establece el dictamen que contiene la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, .
De acuerdo con un comunicado de prensa, el dictamen, que fue presentado este martes en primera lectura ante el Pleno del Congreso del Estado, fue elaborado por las comisiones legislativas de Justicia, y de Seguridad Pública y Protección Civil.
En torno al dictamen, el presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Marco Polo Aguirre Chávez puntualizó que el objetivo de este instituto va más allá de cumplir con el requisito legal de justa defensa del imputado, vista como una mera formalidad procedimental; sino que es el garante del derecho fundamental de acceso a la justicia, tal como está establecido en el artículo 8 del presente ordenamiento.
El legislador priísta aseveró que con la aprobación de esta Ley el derecho de acceso a la justicia no se limita al sistema penal, por ello este Instituto de la Defensoría Pública, incluye dentro de su objeto el proporcionar asesoría jurídica en áreas diversas a la penal, que incluye materia civil, familiar y mercantil.
Con ello, Aguirre Chávez señaló que en dicho dictamen se reconoce que la justicia no es solo la penal, ni la justa defensa incluye únicamente esta área. Se intenta subsanar el problema de acceso a la justicia, o su falta por carencia de recursos necesarios.
Finalmente el legislador destacó que todo ciudadano que se encuentre involucrado en un procedimiento penal como imputado, tiene derecho a que se le brinde una adecuada defensa y asesoría jurídica, lo cual incide en la responsabilidad que el Estado tiene de garantizar el debido proceso judicial y la igualdad entre las partes que contienden en el sistema penal acusatorio.
El diputado por el distrito X destacó que el Instituto, para poder cumplir su objetivo, se convierte en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía, con lo que se busca garantizar la autonomía necesaria durante el proceso, así como el poder establecer las pautas de su organización interna, de adquirir derechos y obligaciones, que permita brindar una adecuada defensa.
Y en ese sentido agregó que al implementarse el Instituto de la Defensoría Pública, este deberá asegurar el derecho humano de acceso a la justicia garantizado por el Estado, así como asesorar, orientar y procurar la función de defensa penal pública adecuada.
La comisión de Justicia está integrada por los diputados Selene Lucía Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala, José Sebastián Naranjo Blanco, María Eugenia Méndez Dávalos y Marco Polo Aguirre Chávez, en tanto que la de Seguridad Pública y Protección Civil, además de Marco Polo Aguirre Chávez, está integrada por Olivio López Mújica y César Morales Gaytán.
