Propone Samuel Navarro plazo fatal para reformas a la Constitución
MORELIA, Mich., 6 de abril de 2011.- Para evitar ambigüedades e interpretaciones dolosas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Samuel Arturo Navarro Sánchez, anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Michoacán para establecer con toda claridad un plazo fatal para la publicación de las reformas constitucionales.Al respecto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que su propuesta contiene una modificación y adición a la fracción V del artículo 164 de la Constitución local para reafirmar que como reza el texto vigente, las adiciones o reformas a dicho ordenamiento legal previamente aprobadas se deberán publicar como leyes constitucionales sin que el titular del Ejecutivo estatal tenga la posibilidad de hacer observaciones acerca de ellas.De la misma forma, abundó Samuel Arturo Navarro, en el nuevo texto del mencionado articulado se establecería un plazo de 10 días hábiles para la publicación obligatoria de las reformas constitucionales en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con lo que se evitarán de manera definitiva lagunas jurídicas que lleven a desencuentros entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como ha ocurrido a últimas fechas.El representante popular señaló que la ambigüedad o falta de claridad en las leyes llega a generar discrepancias e interpretaciones arbitrarias, como lo recientemente ocurrido con la no publicación por parte del gobernador Leonel Godoy Rangel de la reforma a la Constitución Política de Michoacán en materia electoral, que ha traído como consecuencia que luego de ir a la vanguardia por algunos años la entidad es ahora de las más atrasadas en su legislación relacionada con las campañas políticas y los procesos electorales.Navarro Sánchez adelantó que la propuesta está lista y podría ser presentada incluso en la sesión de pleno del Congreso del Estado programada para este jueves 7 de abril, de donde presumiblemente se turnaría en primera instancia a la Comisión de Puntos Constitucionales, que él preside, para que se determine la procedencia o no del estudio de fondo de la iniciativa.