Propone Gonzalo Elvira poner freno a deudas heredadas

MORELIA, Mich., a 25 de julio de 2011.- La mayor parte de las deudas públicas en Michoacán son adquiridas por una administración estatal o municipal y heredadas a las venideras, situación que debe corregirse a través de medidas legales que permitan el sano funcionamiento de las finanzas públicas, señaló el Vicepresidente del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera.Como miembro de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que desde hace unos días impulsa en la LXXI Legislatura una iniciativa de reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán para evitar la contratación de nuevos créditos, empréstitos, obligaciones o deudas en la fase final de los periodos de los gobiernos, ya sean estatales o municipales.Elvira Cabrera manifestó que actualmente existe la desconfianza justificada en ciertos actores políticos, quienes en uso aún de sus facultades comprometen la hacienda pública por dar respuesta a demandas sociales por las vías incorrectas, como lo es la entrega de dádivas económicas o en especie a ciertos grupos sociales.De acuerdo con el Vicepresidente del Congreso del Estado, lo anterior enrarece en ocasiones el ambiente social y político del momento, y tiene como consecuencia el riesgo de la economía estatal o municipal, comprometiendo la hacienda pública hacia el futuro.Las cosas serían diferentes, añadió Gonzalo Elvira, si cada compromiso adquirido fuera asumido con responsabilidad y cubierto por quien lo crea, por lo que en aras de subsanar las desventajas que se generan por las administraciones públicas, se propone que nunca dentro de los 6 meses antes del día a aquél en que concluya un periodo constitucional de gobierno pueda contratarse, refinanciarse o reestructurarse deuda pública o cualquier otro acto, cualquiera que sea su denominación, tendiente a comprometer en algo la hacienda pública estatal o las municipales, según sea el caso.Para el diputado del PAN la intención no es otra que la de evitar que se realicen con sospecha de objeto y fin distinto al bienestar común aquellas transacciones económicas que comprometan las finanzas del gobierno del estado o de los gobiernos de los municipios, es decir, mantener y delimitar las facultades que en ese sentido, y en términos de ley, tienen los gobernantes electos por los michoacanos.