Profunda reforma sobre procuración de justicia: Samuel Navarro

MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2011.- La reforma penal que aprobó este 17 de mayo el Congreso del Estado tiene una visión integral y no se reducirá exclusivamente a la implementación de juicios orales en su parte jurisdiccional, sino que constituye una profunda reforma de las estructuras y procesos de procuración de justicia y seguridad pública, señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Samuel Arturo Navarro Sánchez.El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que las reformas a la Constitución Política del Estado de Michoacán, dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Gobernación, tienen como objetivo su consolidación y la fortaleza de las instituciones democráticas de atención ciudadana.Navarro Sánchez consideró que las adecuaciones a la norma constitucional que por un lapso de30 días se pasarán a consideración de los municipios de Michoacán son el inicio formal de su incorporación a la ley fundamental michoacana, lo que permitirá dar cauce a un nuevo sistema de justicia penal en la entidad y establecer el diseño de un sistema de seguridad pública y procuración de justicia más eficaz, profesional y coordinada entre los operadores jurídicos.A partir de la Reforma Judicial, abundó el legislador, el Congreso de la Unión estableció la obligación de transitar de un sistema de procedimiento penal de carácter inquisitivo o mixto hacia uno acusatorio-adversarial, donde predominará el principio de oralidad, por lo que Michoacán se encuentra comprometido no sólo por el mandato constitucional, sino también por las exigencias sociales, a comenzar un proceso de transformación en el sistema de procuración de justicia, seguridad pública y justicia penal.El sistema democrático en que vivimos los michoacanos, detalló Samuel Arturo Navarro, requiere replantear las instituciones en las materias antes mencionadas, bajo un modelo que permita transitar desde la ley a mejorar la percepción de seguridad y transformar el proceso penal.De ahí que entre las reformas de gran calado ahora aprobadas por el Congreso del Estado, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destaca la existencia de una policía científica y de servicio público; un ministerio público investigador y acusador que posea las herramientas necesarias para una eficaz investigación de los delitos y realizar con eficacia su función ante el juez de la causa; una defensa profesional, encabezada por los defensores públicos capaces de proteger los derechos de los acusados; y, mediadores y jueces capaces de proteger los mínimos derechos.Además, Navarro Sánchez afirmó que con la implementación del as audiencias orales en el proceso se pretende concentrar las distintas etapas de un juicio en una sola audiencia, a fin de evitar que las actuaciones se dispersen y se concentren para dictar sentencia.“Lo anterior garantiza el debido proceso penal de los imputados, la asistencia y protección a las víctimas u ofendidos del delito, la efectiva participación de las partes en el proceso y la confianza de la ciudadanía en el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio y oral”.